Blindan a Consejero Jurídico de Presidencia ante INAI

MÉXICO, DF., 29 de mayo de 2015.- El Consejero Jurídico del Gobierno federal, será el único funcionario que contará con las facultades legales para impedir la entrega de información en el marco de la nueva Ley General de Transparencia, explicó Rodrigo Espeleta Aladro, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.

Además, el representante legal será el único que podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuando considere que se pone en peligro la seguridad nacional, agregó el funcionario federal en el marco del Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto, ya que de acuerdo con el artículo 89 constitucional, la atribución de preservar la seguridad nacional la tiene el Ejecutivo Federal y no cualquiera de los otros poderes del estado, “esa es la única razón real final de porque fue el Consejero Jurídico”, puntualizó Dante Preisser Rentería, Director de Apertura Gubernamental en Procuraduría General de la República.

Ante la polémica que podría generarse en torno a los criterios para delimitar los riesgos a la seguridad nacional, el investigador de la UNAM, Jorge Islas López, citó la acción ejecutiva 13 526 del presidente Barack Obama, donde estableció con precisión cuáles serían los criterios para reserva de información en Estados Unidos.

“Bajo ninguna circunstancia podrá liberarse información en donde estén de por medio planes, sistemas de armamento u operaciones militares; información sobre gobiernos de otros países, actividades de inteligencia, incluyendo acciones encubiertas; fuentes o métodos para obtener la inteligencia o criptografía; actividades o relaciones de los Estados Unidos con otros países, incluyendo fuentes confidenciales”, explicó el académico.

Además puntualizó que Obama blindó los asuntos científicos, tecnológicos o económicos relativos a la seguridad nacional; programas de gobierno de los Estados Unidos para salvaguardar materiales e instalaciones nucleares, y vulnerabilidades o capacidad de sistemas, instalaciones, infraestructura, proyectos, planes o servicios de protección relacionados con su seguridad nacional.

El Foro tiene como objetivo perfilar las leyes secundarias y locales de la Ley General que se aprobó el pasado 4 de mayo y que prevé nuevos medios de impugnación, como resultado del incremento en el número de sujetos obligados, así como el aumento en el número de sus obligaciones al igual a la mejora estructural de los medios de defensa con los que contará la población.