Capturas en Edomex, contra red de apoyo municipal a delincuencia: SSPC
MÉXICO, DF., 5 de junio de 2015.- María Soledad Hernández Mena, hija del líder del Movimiento Unión Campesina Emiliano Zapata en Guerrero, Arturo Hernández Cardona, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR), en Reforma, para clausurar de manera simbólica las oficinas de la PGR.
Acompañada por la legisladora perredista Socorro Ceseñas, Hernández Mena pidió que el delito de secuestro agravado y homicidio contra su padre del que se acusa al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, sea reclasificado como desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que son delitos de estado.
“Hacemos responsable al Estado mexicano de una perdida de vida más, víctima directa o indirecta”, dijo ante medios de comunicación.
Hernández Mena recordó que fue el 30 de mayo del 2013 cuando luego de una movilización realizada ante la negativa de entregar fertilizante a campesinos de diferentes localidades, Abarca, entonces alcalde, orquestó la desaparición forzada de integrantes de la Unidad.
Un día después, el 31 de mayo, Hernández Cardona ratificó su denuncia por hostigamiento y la presunción de que sería privado de la vida por Abarca. “Ese mismo día es ejecutado extrajudicialmente por el ex alcalde”, dijo la hija de Hernández Cardona.
El 3 de junio de 2013 apareció el cuerpo sin vida de su padre con signos de tortura, ante lo cual diversas organizaciones se sumaron para pedir justicia.
A dos años de esos hechos, María Soledad Hernández pidió que además de reclasificar los delitos por los que está preso Abarca desde el 13 de noviembre de 2014, se presente al ex secretario de seguridad Pública Felipe Flores Velázquez y castigo a los delitos de omisión y encubrimiento cometidos por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, su secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, así como de los ex procuradores de Justicia de Guerrero y el General de la República, Iñaki Blanco Rivera y Jesús Murillo Karam, respectivamente.
“Murillo Karam cometió omisión y posiblemente encubrimiento”, consideró.
Por su parte la legisladora Ceseñas criticó que ni el ex procurador Murillo Karam, ni la actual procuradora General de la República, Arely Gómez hayan investigado lo que declaró un sobreviviente de aquellos hechos.