Pide INAI documentación del que será el nuevo avión presidencial

MÉXICO, DF., 27 de junio de 2015.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a entregar copia de la documentación que dé cuenta sobre dónde ha estado el que será el nuevo avión presidencial, así como las ciudades, fechas y responsables de la aeronave, informó el INAI en comunicado este sábado.

El boletín añadió que el sujeto obligado no podrá omitir entregar el documento que dé cuenta de la recepción y partida de la aeronave de fecha 9 de octubre de 2014.

A la solicitud de esta información por parte de un particular, la SEDENA se declaró incompetente para proporcionarla y orientó al interesado a dirigir su petición al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), razón por la que el solicitante se inconformó ante el INAI.

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez concluyó que la SEDENA es competente para responder, pues además de ser el usuario final de la aeronave, también es la institución responsable de la inspección y supervisión técnica del contrato.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes federal retomadas por diversos medios de comunicación, el avión presidencial arribó a territorio nacional el 9 de octubre de 2014, permaneció unas horas en la base militar número 1 en Santa Lucia, Estado de México, y regresó a Estados Unidos para continuar con su equipamiento. Por tanto, la SEDENA debe tener constancia de la fecha y la ubicación de arribo por ser el responsable de supervisar las pruebas realizadas en sus instalaciones.

En julio de 2012, SEDENA presentó el proyecto de adquisición del nuevo avión presidencial, argumentando que la actual aeronave cumpliría 27 años de servicio. El avión en proceso de adquisición, según información de la empresa productora, brindará mayor eficiencia en su operación debido a que por su velocidad y ahorro de combustible le permite usar 20 por ciento menos de carburante que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares.

La Auditoría Superior de la Federación halló en la Cuenta Pública de 2012 que no se contó con los elementos técnicos y económicos suficientes para acreditar la selección y adquisición de la aeronave, y que siete meses antes de presentarse el análisis costo-beneficio, ya habían iniciado las negociaciones entre SEDENA, BANOBRAS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la empresa proveedora.

Con un costo de 6 mil 700 millones de pesos, la aeronave Boeing 787-7 Dreamliner fue adquirida con un esquema de arrendamiento a pagar en 15 años, el cual será liquidado por una partida presupuestal administrada por BANOBRAS y aprobada por el Congreso.

El comisionado ponente, Joel Salas Suárez apuntó que el costo del avión ubica a este caso en la mira pública, por lo que las instituciones deben de ser sensibles a las demandas de transparencia y rendición de cuentas.

“La transparencia y el acceso a la información pública son vías para que las instituciones públicas comprueben que cumplen con sus obligaciones, garantizando en todo momento el derecho de la población a saber. Tratándose del avión presidencial es natural que atraiga la atención pública, lo cual ofrece a la autoridad una oportunidad para demostrar que entiende su papel en el proceso”, concluyó.