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MÉXICO, DF., 13 de julio de 2015.- El abogado de los custodios que fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Juan Sánchez Hernández, aseguró que la lista de detenidos es de 31 personas, 26 hombres y cinco mujeres, que fueron involucrados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el pasado sábado 11 de julio.
En una breve entrevista a las afueras de la SEIDO, el litigante contradijo al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, sobre la presencia y traslado de los presuntos responsables al Ministerio Público.
“Unas no están acá registradas por tanto no están acá y no se están conduciendo con verdad el Comisionado, situación que nos hace dudar de la transparencia de este proceso que ya lo vemos viciado (…) por versiones extraoficiales nos han dicho que los quieren mandar al Altiplano, a Puente Grande Jalisco, a Nayarit y a Perote, Veracruz”, detalló.
“Si desde un principio los quieren arraigar por delincuencia organizada entonces que empiecen por el Comisionado, porque él es el jefe de todos ellos. Si estuvieran en calidad de testigos podrían entrar y salir y decir no es mi deseo declarar hasta entrevistarme con un abogado, situación que no corresponde con la realidad, porque ya fueron declarados sin las condiciones que señala la constitución”, dijo Sánchez Hernández.
Dijo que la ausencia de la mayoría de los detenidos, se Detalló que el amparo en contra de la incomunicación favorece a seis custodios del Altiplano: Edmundo Tamayo Díaz, Ángel Martínez Mora, Juana Guadalupe Guerrero Ruiz, Agustín Vega González, Miguel Ángel Hernández Amador, Martha Espinosa Martínez y a Magaly Belem Barrera Maya, empleada administrativa.
El abogado refirió que presuntamente también fueron presentadas ante la SEIDO Aracely Rangel, Aracely Peñaloza y Luis Humberto Flores Martínez.
Cerca de las 4 horas, el actuario del Juzgado 15º de Distrito en Materia de Amparo Penal se presentó a la SEIDO y no encontró en los registros a los detenidos, salvo a Ángel Martínez Mora y Miguel Ángel Hernández Amador.
Añadió que de manera extraoficial conoció que a los detenidos se les podría arraigar por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada, lo cual a su parecer no procede, ya que todos son trabajadores y la figura de flagrancia o caso urgente no se concreta, ya que son servidores públicos que estaban en funciones, al momento en que huyó Joaquín El Chapo.