Dejan en prisión a Marilyn Cote, acusada de psiquiatra falsa
MÉXICO DF, 14 de julio de 2015.- En un Estado de Derecho es inadmisible que se argumente que la protección de los derechos humanos de las personas internadas en centros de readaptación social fueron elementos para la evasión de un reo de alta peligrosidad, aseveró la presidenta de la Comisión del Senado de la República, Angélica de la Peña, este martes.
“Es un argumento sin sustento porque, es evidente que fue resultado de la corrupción de funcionarios por omisión o comisión y fallas en la aplicación de los protocolos de funcionamiento en una instalación de máxima seguridad”, recalcó la senadora perredista al referirse a la conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de este lunes.
En el mensaje emitido por el titular de la Segob, expresó que por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la viodeovigilancia tenía dos puntos ciegos, “es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales”.
Al respecto, De la Peña aseveró que el verdadero “punto ciego” es la incapacidad del gobierno que no vio decenas de camiones que cada día llevaban y sacaban materiales a una casa con una gran bodega construyéndose en un monte despoblado donde se podía ver perfectamente el reclusorio de máxima seguridad del Altiplano.
“Lamento la justificación de los errores cometidos por las autoridades, por lo que el castigo debe ser para toda la estructura jerárquica de la Administración Pública Federal y no solo para los funcionarios del reclusorio o del órgano desconcentrado, pues resulta increíble la versión oficial de que nadie percibió nada por más de un año que duró la excavación del túnel”, acotó la senadora del sol azteca.
A través de un posicionamiento, la titular de la Comisión de Derechos Humanos mencionó que en 2013 la Comisión Nacional de Seguridad detectó fallos inaceptables en algún Centro Penitenciario donde se encuentran internos de alta peligrosidad pese a contar con recursos económicos suficientes para llevarse a cabo, para lo que exigió una reingeniería del Sistema Penitenciario Nacional que incluya personal profesional con altos estándares en derechos humanos, bien remunerados y en permanente rotación.
“Urgen los controles internos que prevengan corrupción, y si la hay se castigue con todo el rigor de la ley; hoy no puede ocultarse que el Gobierno federal está en una grave crisis de credibilidad sin precedentes y se requieren cambios urgentes en los más altos niveles”, concluyó la senadora.