Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
MÉXICO, DF., 15 de julio de 2015.- Luego de más de 40 años de conflicto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Jesús Murillo Karam, a través del Registro Agrario Nacional (RAN), logró una serie de acuerdos para la regularización y el ordenamiento territorial de varios ejidos en Oaxaca y Sinaloa que garantizan la paz social y el desarrollo de proyectos productivos de campesinos en ambos estados.
La Sedatu informó en comunicado de prensa que en Valle Nacional, Oaxaca, se resolvió un conflicto entre las comunidades de San Lucas Arroyo Palomo y Arroyo de Banco, por un predio de más de 180 hectáreas de tierras luego de la Intervención del RAN y de la Procuraduría Agraria (PA), con lo que se puso fin a una disputa de más de 40 años por problemas de colindancias.
Se determinó otorgar a cada uno de los más de 400 ejidatarios de estas dos comunidades, los certificados parcelarios que le corresponden de manera oficial, además de hacerles entrega del Plano Definitivo a cada comunidad lo cual fue considerado como un “acuerdo histórico” porque estuvo a punto de salir de control y provocar derramamiento de sangre, añadió.
Ambos núcleos ejidales se incorporaron al Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para obtener así la certificación de sus tierras.
En Sinaloa se resolvió un conflicto agrario de más de 47 años con la entrega de 306 certificados parcelarios a ejidatarios del núcleo General Antonio Norzagaray Angulo, municipio de Ahome, que también se incorporaron al FANAR.
La entrega de los documentos agrarios estuvo a cargo de los delegados estatales, quienes pusieron de manifiesto el objetivo fundamental de la Sedatu en materia agraria: que los campesinos cuenten con el documento agrario que les garantice la certeza jurídica sobre su tierra y estén en posibilidad de acceder a diversos programas federales de apoyo.
En ambas entidades, los delegados levantaron Listas de Sucesión, que es considerado por los campesinos como un “testamento agrario” ya que el titular de derechos designa a los beneficiarios.