Paz y justicia, sólo si se rompen vínculos entre crimen y gobierno: CNDH

MÉXICO, DF, a 23 de julio de 2015.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseguró que para que México alcance la paz social y la justicia real se debe de romper el lazo que existe entre el gobierno y el crimen organizado, que dejó la muestra de su alianza con el caso de los 43 normalistas desaparecidos el año pasado.

En el marco de la presentación del documento Estado de la Investigación del Caso Iguala, González Pérez calificó este hecho como una barbarie debido a que se abandonó la ley y la aplicación de la justicia para el castigo de todos los responsables de lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“No tenemos que esperar para ello a que suceda otro caso de igual o mayor gravedad. El momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado.

“No es momento ni de callar ni de olvidar, porque los hechos ocurridos hace exactamente 300 días en Iguala son de extrema gravedad por su deshumanizada naturaleza, por la forma como se ha hecho evidente el rompimiento del Estado de Derecho; por la violencia contra los valores fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana”, dijo el Ombudsman.

Acompañado por José Larrieta, titular de la Oficina Especial para la Investigación del Caso Iguala, el titular de la CNDH confesó que México no es el mismo después de Iguala, pues los hechos ocurridos en septiembre de 2014, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos, además de un cúmulo de crímenes de todo orden, de cuantos haya memoria reciente en el país.

Ante estos eventos, la CNDH presentó 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno federal para que se atienda y resuelva de manera integral el caso de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

“En esos hechos se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada.

“Es una tragedia acentuada más allá de Iguala debido a los hallazgos de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas, sin nombre, sin identidad, sin tiempo, sin nada”, comentó.

El Ombudsman expuso que la CNDH presentó el documento de manera previa a sus consideraciones definitivas, ya que la gravedad de los hechos, su complejidad y su hondura obligan a no dejar de lado la exigencia para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes cometieron los delitos, motivo de la investigación ministerial.

Agregó que es urgente la necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares, ya que por muy diversas razones, a la fecha no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho conforme al marco normativo vigente en México sobre la materia.

Así como la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos; la no ejecución de órdenes de aprehensión.

Y la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el Municipio de Iguala.