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MÉXICO, DF., 5 de agosto de 2015.- En medio de un “debate pactado” en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado del PRD Fernando Belaunzarán solicitó juicio político para el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa.
Al respecto, Belaunzarán apuntó que ante los 16 periodistas que han sido asesinados en Veracruz del año 2000 a la fecha, 11 fueron ultimados durante la administración de Duarte de Ochoa, por lo que dijo las autoridades del estado han actuado con negligencia de no activar los mecanismos de protección a los periodistas.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la muerte del reportero gráfico y cuatro mujeres, entre ellas una activista chiapaneca, “no puede quedar en una condena del caso, sino hay que revisar a profundidad qué está pasando en nuestro país en materia de libertad de expresión.
“Y citar a comparecer al gobernador de Veracruz no es una oportunidad o un ejercicio para crucificarlo políticamente, debe ser un ejercicio democrático para que nos diga qué está pasando en su estado y sobre todo qué está haciendo para evitar que otro periodista sea agredido o muerto”, apuntó el legislador panista.
En medio del debate, el senador del PRI, David Penchyna, defendió al gobernante priísta, ya que dijo, tratar de fincar responsabilidades en aras de sacar “raja política” no aportará elementos a la solución del caso y hacen igual de daño que los asesinatos en contra de la libertad de expresión.
“El gobernador del estado de Veracruz manifestó total colaboración con los entes impartidores de justicia en este evento, que yo sepa este lamentable crimen de este periodista cuando denunció acoso y persecución desde 2013 y vivió hasta 2015 en el estado de Veracruz y si sé geografía, el crimen fue en el Distrito Federal”, expresó el legislador, quien acotó que el crimen pudo venir del narcotráfico.
El senador priísta por Hidalgo agregó en su intervención que si se busca justicia en los hechos, las investigaciones deberán permanecer en el Distrito Federal y trasladarlas a otro lugar implicaría conseguir todo lo contrario a la impartición de justicia.