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MÉXICO, DF., 7 de agosto de 2015.- Este viernes sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver 107 impugnaciones presentadas por los partidos políticos en relación a los dictámenes y resoluciones correspondientes a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las campañas electorales locales y federales de 2015.
La sala consideró que la determinación del Consejo General del INE de identificar como gasto de campaña los egresos realizados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el periodo de intercampaña en los que promovía su plataforma electoral debió identificar tres elementos de manera simultánea: la finalidad, consistente en que se generara un beneficio para el partido político; temporalidad, realizada en periodo de campaña o de intercampaña para generar el beneficio a un partido político, coalición o candidato y, territorialidad, entendida como el área geográfica determinada, informó el INE en un comunicado.
El INE acatará puntualmente la determinación de la autoridad jurisdiccional con el fin de acreditar esos tres elementos en el gasto realizado por el PVEM durante el periodo de intercampaña para sustentar que pueda considerarse como gasto de campaña.
El TEPJF mandató precisar la forma en que el INE realizó el prorrateo de gastos entre campañas de los partidos, coaliciones y su distribución geográfica. El grueso del prorrateo realizado por el INE, se refiere a los gastos de intercampaña del PVEM. El INE precisará la manera en que aplicó los criterios de prorrateo en apego a la normatividad atinente.
Por lo que el Tribunal ordenó al INE valorar las pruebas documentales entregadas por los partidos que no fueron proporcionadas a través del Sistema Integral de Fiscalización. Si bien el INE realizó dicha tarea de validación y verificación de la información entregada de forma física por los partidos políticos, procederá a abundar en dicha revisión y en reflejarla de manera más precisa en sus dictámenes.
Consideró, la Sala Superior, que debe hacerse explícito el monto de ingresos y gastos de todos los candidatos, incluso de aquellos que cumplieron con sus obligaciones en materia de manejo de recursos. El INE viene trabajando con toda esa información para hacerla pública a través de su portal electrónico. Estas medidas se realizarán en apego a los plazos -cinco días naturales– que marcó el TEPJF.
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, a juicio del INE, contribuye a precisar los criterios jurídicos que deben prevalecer en la fiscalización que, por primera vez, realizó la autoridad administrativa a escala nacional como fruto de la reforma constitucional y legal de 2014.
La Comisión de Fiscalización del INE está convocada desde el 6 de agosto para sesionar el 10 del mismo mes con la finalidad de resolver el conjunto de quejas pendientes y llevar sus proyectos de resolución a la sesión del Consejo General programada para el siguiente 12 de agosto.