Defiende Sheinbaum desaparición del INAI y otros 6 organismos autónomos
MÉXICO, DF., 21 de agosto de 2015.- Mientras para el líder del PRI Manlio Fabio Beltrones, la Secretaría de la Función Pública tiene elementos suficientes para haber exonerado al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de un presunto conflicto de interés con el Grupo Higa, para el PAN y PRD en la Cámara de Diputados la resolución acentúa la impunidad y es una burla para los mexicanos.
Los diputados del PAN, Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, y del PRD, Miguel Alonso Raya, coincidieron que con la resolución del titular de la SFP, Virgilio Andrade, urge la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sus leyes secundarias y respectivos nombramientos.
Los panistas reprobaron que el PRI-Gobierno sigue instalado en la simulación al dejar en claro que el informe dado a conocer este día por la Función Pública desde un principio era “garantizar la impunidad a su jefe.”
A lo anterior, el perredista comparó el caso con lo sucedido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien designó como Contralor B de la Secretaria de la Contraloría General de la Federación, a Salvador Giordano, con el objetivo de encubrir los actos de corrupción en los que incurrió Raúl Salinas de Gortari.
Los legisladores subrayaron que dicha resolución es una burla para la sociedad, carece de credibilidad y confianza; sin embargo, el recién nombrado presidente del PRI, Beltrones Rivera refutó que el caso fue documentado a fondo, por lo que confió que el dictamen se ponga a disposición de la opinión pública para certificar que Virgilio Andrade hizo un trabajo impecable.
Entrevistado durante el inicio de los trabajos de la primera reunión plenaria de los diputados electos del PRI, el dirigente minimizó el tiempo que se tardó la SFP en dar los resultados de la investigación y señaló que “lo importante es que ahí está”.
La SFP exoneró al presidente, Enrique Peña Nieto, al titular de Hacienda, Luis Videgaray, y a la primera dama, Angélica Rivera, de un presunto conflicto de interés con el Grupo Higa por la compra de casas en Ixtapan de la Sal y Malinalco, respectivamente.
En conferencia de prensa se anunció que el patrimonio de Angélica Rivera, conocida como la Casa Blanca, proviene de su trabajo como actriz, en la que está involucrado el accionista mayoritario de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, en la compra-venta de la propiedad. Resultado de la investigación se indicó que la señora de Peña devolvió la propiedad en diciembre de 2014.
Virgilio Andrade informó sobre el corporativo empresarial que cuatro de sus compañías tienen 22 contratos vigentes con el Gobierno federal, lo que representa el 0.17 por ciento del total de contratos.
Los diputados Rodríguez Doval y Adame Alemán advirtieron ante esta nueva farsa del PRI-Gobierno, que Acción Nacional se colocará del lado de los ciudadanos y llevará a instancias penales el caso de la Casa Blanca de Las Lomas, atribuida a la Primera Dama, así como la de Malinalco, de Videgaray.
“Lo que ya anunció el Partido Acción Nacional y nosotros lo respaldamos es que se vaya a la Fiscalía, para que se pueda tener un juicio serio sobre estos bienes inmuebles que evidentemente están manchados por la corrupción”, enfatizaron Juan Pablo Adame, vocero de la bancada panista, y Fernando Rodríguez Doval, también integrante del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
“Mientras que no haya autocrítica y elementos reales de convencimiento frente a los ciudadanos, no hay posibilidades de que se recupere en lo absoluto la confianza que los mexicanos le han retirado el gobierno actual”, apuntó el coordinador perredista Miguel Alonso Raya.
Los legisladores subrayaron que la próxima 63 Legislatura debe priorizar en su agenda legislativa el rediseño de la propia Función Pública, del Órgano Superior de Fiscalización y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y sobre todo la aprobación de las leyes reglamentarias del SNA para prevenir, investigar y castigar la corrupción sin responder a los intereses del gobierno en turno.