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MÉXICO, DF., 27 de agosto de 2015.- La desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, visibilizó otros problemas coludidos con la desaparición forzada, pero este hecho no limita los demás casos que se han registrado con este delito a través de la historia.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que el plagio masivo de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, mostró la evolución y el involucramiento de servidores públicos, funcionarios y policías con los delincuentes para concretar estos actos.
Además de los hallazgos de fosas clandestinas en diferentes partes del país, donde sería la última morada de aquellas personas que no se encuentran localizables.
“El problema de las desapariciones forzadas no se limita a la desaparición de los 43 normalistas, pero aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la base de datos confiables y actualizadas, que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que se den propiamente a desapariciones forzadas, imputadas a autoridades del Estado o con la participación de servidores públicos y distinguir aquellos donde tenga que ver con la delincuencia organizada o se debiera a alguna otra causa.
“El caso Iguala ha ayudado a visibilizar la existencia de otros problemas delicados y que demandan nuestra atención urgente, como son los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la República, las cuales dados a conocer serían de 149 en los últimos ocho años”, comentó González Pérez en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El Ombudsman aseguró que es urgente tener mecanismos eficientes para que se garanticen las investigaciones y el rastreo de las personas que fueron desaparecidas, así como la instrumentación de métodos científicos para identificar restos humanos que han sido hallados en fosas clandestinas.
“Contar con eficacia un registro nacional de personas extraviadas en las formas en cómo se denuncia el tipo de desaparición, la investigación que se lleva a cabo y la manera en cómo se llevan los casos, la profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar la información, así como aquellos encargados de investigar los casos y las tareas de búsqueda a nivel federal y local.
“La necesaria conformación de un adecuado sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, la creación en el ámbito de la procuración de justicia de grupos capacitados en búsqueda de personas desaparecidas, la creación de un sistema nacional de información genética que incluya materiales de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas y el análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes.