Contexto/ Fernando Ramírez de Aguilar L.

La SCJ que los mexicanos queremos

A principios de diciembre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas llegarán al final de su mandato constitucional y desde hace ya algunas semanas, comenzaron las presiones de partidos políticos y organizaciones civiles quienes están planteando que los sucesores de ambos ministros provengan ya sea del servicio civil de carrera judicial o de la academia.

Y es que el 4 de diciembre del año pasado, como consecuencia del inesperado fallecimiento del ministro –chiapaneco– Sergio Armando Valls Hernández, provocó que en marzo pasado el Senado de la República aceptara la solicitud del presidente Enrique Peña Nieta, con acuerdo de la mayoría calificada, para incorporar al máximo tribunal de justicia del país a Eduardo Medina Mora, ex embajador de México en Washington y ex procurador General de la República, asestando un duro golpe a la independencia del Poder Judicial de la Federación.

Sergio Valls Hernández fue, sin duda, uno de los ministros más experimentados, respetado y respetable, con conocimientos y relaciones políticas importantes y un hombre que si no hubiera sido sorprendido por una larga enfermedad que lo mantuvo relativamente alejado de sus funciones durante casi un año, hubiera sido un potencial candidato para presidir la Corte.

Hace cuatro años, a fines de septiembre del 2010, la muerte en Londres, de un infarto del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, alteró el proceso de sucesión en el máximo órgano judicial del país. Competían entonces por suceder al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío, el más joven y reformista de los integrantes de la Corte y quien resultaría a la postre el elegido, Juan Silva Meza, un ministro con una larga y sólida carrera judicial.

En enero pasado  –todavía sin ser nombrado Medina Mora–, la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se complicó y prueba de ello fue el hecho de que en una sesión histórica y maratónica, los ministros  necesitaron 32 rondas de votación para desempatar la votación y elegir a Luis María Aguilar Morales como el sucesor de Silva Meza.

Después de dos primeras rondas, en las que quedaron eliminados los otros contendientes, Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se enfrascaron  en un duelo que parecía no tener fin, hasta que llegó la ronda definitiva, en la que se impuso por seis votos a cuatro.

Ahora, organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por más de 21 mil firmas recabadas a través de la plataforma change.org, exigieron al Ejecutivo Federal enviar las ternas de propuesta al Senado de la República –para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- sin cuotas partidistas ni con “amigos” incluidos.

Denise Dresser, académica; José Merino, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Carlos Heredia, economista y Alejandro Madrazo, abogado constitucionalista y director del Programa de Derecho a la Salud de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregaron al Senado un documento a través del cual también se exige paridad de género en la conformación del órgano y que la “auscultación” por la que pasan los candidatos a la Corte sea más profunda, respecto a la que actualmente realizan los legisladores.

Se explicó que la petición  va dirigida a dos instancias: a la presidencia de la República y al Senado: “Queremos una Corte sin cuotas ni cuates, porque la Corte tiene que ser -ante todo- imparcial y confiable para todos los actores. Cuando se refundó la Suprema Corte de Justica, y con ella todo el sistema judicial de México, en el año 94, se refundó con muchos objetivos pero uno principal: poder dirimir los conflictos que nacerían previsiblemente de la creciente pluralidad política. El presidente de la República en el viejo régimen priísta, de un partido hegemónico, podía dirimir conflictos políticos entre los actores políticos. Eso dejaba de ser posible en un régimen plural y es imposible en una democracia”, dijo.

Por tanto, subrayó que se necesita una SCJN independiente, que pueda dirimir conflictos entre los poderes. “Nos preocupa que en sustitución de los dos ministros que representan la independencia de la Corte, se vaya a nombrar a políticos o a cuates del presidente; porque eso le restaría autoridad”.

PRI y PAN, ya tienen a sus “candidatos”

El senador blanquiazul Javier Corral Jurado, comentó que el artículo 95 de la Constitución específica que para ser ministro de la SCJN, los candidatos deben no haber sido diputado o senador, un año antes de la designación, por lo que en el caso del senador priísta con licencia, Raúl Cervantes Andrade, ese requisito no se cumple.

“Tan es así, que aún con licencia, el senador Cervantes ha seguido gozando del seguro de vida y gastos médicos mayores que el Senado de la República les otorga a todos los miembros de la Legislatura”, dijo el legislador chihuahuense y agregó que la designación de Medina Mora se dio “porque se hizo un acuerdo entre senadores del PRI y del PAN para que entre los dos siguientes relevos uno le tocara al PRI y otro le tocara al PAN.

Desde hace un año está cantado que el PRI está proponiendo a Raúl Cervantes. El PAN no ha hecho todavía propuesta alguna, que yo conozca”, aunque reconoció que se barajean nombres como: Santiago Creel Miranda, Fernando Gómez Mont y hasta el michoacano, Germán Martínez Cáceres.

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas Morales informó que su grupo parlamentario presentará un punto de acuerdo en San Lázaro, para exhortar a Peña Nieto a no nominar a Cervantes Andrade como integrante de la Corte.

También, se está pidiendo que en la sucesión de Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, las ternas que sean propuestas estén integradas por magistradas y académicas de carrera, para equilibrar lo inherente a la equidad de género. En caso de que sea así el pleno estaría integrado por 8 hombres y solamente 3 mujeres. Veremos.