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MÉXICO, DF, 8 de noviembre de 2015.- El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, hizo un llamado a que el Gobierno cumpla con su obligación, y proporcione información precisa para iniciar el debate que el tema del consumo de la mariguana exige, a raíz de la resolución de la Corte, informó el blanquiazul a través de un comunicado.
Para iniciar el debate, el Gobierno debe responder a preguntas básicas a fin de crear el marco de referencia indispensable.
“El Gobierno federal, a través de las instancias de seguridad, de salud y de educación, debe aportar las cifras oficiales y fijar una posición”, dijo Anaya.
Ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la falta de postura por parte del Gobierno, el PAN plantea preguntas como las siguientes, sólo como punto de partida y en espera de enriquecer el debate con más cuestionamientos e información relevante.
¿Cuáles son los niveles actuales de consumo de mariguana en el país, entre los distintos de grupos de edad? ¿Cómo se mediría el impacto de una eventual despenalización si no se cuenta con información precisa y actualizada sobre sus niveles de consumo?
¿Cuál es la evidencia científica de posibles afectaciones a la salud por el consumo de mariguana a temprana edad? ¿Qué medidas ha anticipado el Gobierno para ampliar los estudios sobre los impactos, positivos y negativos, que esta droga tiene sobre la salud de las personas? ¿Qué número de pacientes podrían ser beneficiados con la prescripción médica de los derivados de la mariguana?
Ante una eventual baja en los precios de la mariguana, ¿qué tan probable es un incremento en la demanda y el consumo de esta droga? De acuerdo con la evidencia empírica disponible, ¿el consumo aumentaría o disminuiría, particularmente entre menores de edad?
¿Qué proporción de los ingresos de las organizaciones criminales provienen de la venta de mariguana en el país (consumo nacional), en relación a sus ingresos por otras actividades ilícitas? En esa medida, ¿qué tan realista es esperar un debilitamiento de la capacidad económica y corruptora de estas organizaciones criminales?
Si efectivamente las organizaciones criminales vieran afectados sus ingresos por la venta de mariguana, ¿qué medidas tiene contempladas el Gobierno para hacer frente a un eventual incremento en otras actividades delictivas a las que las organizaciones criminales pudieran recurrir para reestablecer sus ingresos? ¿Existe la posibilidad de un incremento en la violencia por el enfrentamiento entre organizaciones criminales compitiendo por un mercado reducido?
De acuerdo con la experiencia internacional, ¿existe evidencia de que la legalización selectiva de determinadas drogas, disminuya los niveles de violencia? ¿Qué podría esperarse para el caso concreto de México?
“Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno tiene la obligación de proporcionar un diagnóstico amplio, basado en información objetiva y estadísticas recientes, para que la gente esté informada y pueda participar de manera responsable en el diálogo nacional”, enfatizó Anaya.