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MÉXICO, DF., 11 de noviembre de 2015.- Con la premisa de respetar y hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos, el nuevo modelo gubernamental de Justicia Abierta promovido en nuestro país es avalado por la Procuraduría General de Justicia (PGR), donde se trabaja con transparencia, protegiendo los datos personales y fomentando la participación social, advirtió el titular de la Unidad de Apertura Gubernamental, Dante Preisser.
Se informó en un comunicado que en el marco del Seminario Internacional de Transparencia para el Poder Judicial, que se lleva a cabo en esta ciudad bajo el patrocinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario de la PGR recalcó que, una vez asumido el cargo de procuradora Arely Gómez González instruyó la apertura de este organismo hacia la sociedad buscando trasparentar de manera amplia los procesos de impartición de justicia que se realizan en este organismo.
Agregó que a través de internet y sin que estuvieran obligado a hacerlo, la PGR subió a su portal el expediente del caso Ayotzinapa, mismo que puede ser consultado por cualquier persona que lo desee, así como el servicio para localización de personas detenidas, sistema que en breve se pondrá a operar en todas las procuradurías de justicia de los estados, a fin de que los familiares de quienes están sujetos a proceso, los puedan ubicar y den seguimiento al proceso judicial.
Rafael Estrada Michel, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), expuso que para alcanzar los objetivos que tienen el modelo de gobierno para una justicia abierta debe valerse de las nuevas tecnologías de la información tanto para difundir lo que hacen las instituciones encargadas de impartir justicia en México, como para que la ciudadanía participe, conozca y otorgué legitimidad a sus organismos de gobierno.
La ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, se mostró confiada en que llegue una nueva generación de Jueces con la capacidad y apertura necesarias, para instaurar en nuestro país la transparencia de nuestras instituciones, así como consolidar el nuevo sistema de justicia penal oral, con lo cual se dé mayor certeza, transparencia y cuentas claras a los ciudadanos de la forma en que se imparte la justicia y que toda la información esté disponible hacia los implicados en un juicio a fin de que los procesos de fiscalía y defensa puedan trabajarse bajo un sistema de igualdad de condiciones, que coadyuve al fortalecimiento de las instituciones y a la consolidación de nuestra democracia.