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MÉXICO, DF., 24 de noviembre de 2015.- El titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se deslindó del caso Tlatlaya y aseguró que fueron los elementos del Ejército Mexicano quienes alteraron la escena en la bodega del municipio mexiquense, donde murieron 22 personas, y no el Ministerio Público a su cargo.
“De conformidad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), elementos del Ejército habría alterado el lugar de los hechos, no así personal de la procuraduría mexiquense, lo cual a pesar de ello ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales”, explicó al comparecer ante el Pleno del Senado como aspirante a ocupar la vacante de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al reconocer que su posición como procurador actual del gobierno del Estado de México, lo obliga a aclarar los hechos de Tlatlaya, Gómez Sánchez agregó que el proceso penal de los hechos que hizo la Procuraduría estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal procesara las investigaciones y las imprecisiones respondieron a la complejidad del caso.
“Las posibles omisiones y deficiencias de la autoridad local derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y la amenaza de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia del proceso de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes en los términos de la propia recomendación”, acotó el funcionario estatal.
En su amplia explicación sobre la participación de la Procuraduría de Justicia estatal en los hechos de Tlatlaya que se suscitaron el 30 de junio de 2014, se refirió a las acusaciones de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexiquenses, a lo que precisó que el Ministerio Público ejecutó acción penal en contra de los probables responsables, quienes se encuentran vinculados a proceso penal.
Manifestó su apertura ante el Senado mexicano a aportar más información sobre su participación en torno a los sucesos de Tlatlaya y subrayó que ya puso a disposición de las autoridades judiciales competentes, los hechos y evidencia y al personal actuante, además de que las recomendaciones de la CNDH estarían en vías de su cumplimiento.
“Estoy a la orden de los senadores para ampliar información del caso siempre que ello no comprometa el curso de las investigaciones en términos de ley”, concluyó.