Sin avances, decálogo de seguridad que anunció Peña hace un año

MÉXICO, DF., 27 de noviembre de 2015.- Un día después de que se cumplieron dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, una de las crisis más graves que ha enfrentado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue presentado un decálogo de acciones para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país, sin embargo a un año del anuncio, no se ha concretado casi nada.

De las medidas anunciadas por el Ejecutivo Federal en Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, siete de ellas fueron en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia, los primeros intentos llegaron al Senado de la República en un paquete de iniciativas para crear la Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito y la creación de policías únicas estatales.

Estas iniciativas contemplan que el gobierno federal pueda tomar el control de la seguridad en los municipios cuando existan indicios de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado y crear policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituyan a “más de mil 800 policías municipales débiles”, sin embargo un año después siguen detenidas “discutiéndose” en la Cámara de origen.

Además el presidente de la República anunció un número nacional para emergencias: el 911, apenas el pasado 11 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), emitió los lineamientos para que los actuales teléfonos de atención como 060 (Policía Local), 061 (Policía Judicial Estatal y del D.F.), 065 (Cruz Roja), 066 (Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía), 068 (Bomberos) y 080 (Seguridad y Emergencia) autorizados migren al nuevo número, pero todavía no está listo.

En el quinto punto del decálogo, se expuso la implementación de una Clave Única de Identidad, que tendría como objetivo contar con un número de identificación personal para cada ciudadano para acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero, adicional a los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Seguro Popular, a un año del anuncio, tampoco se ha concretado dicho proyecto.

El Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente, fue otro de los proyectos de decálogo y planteaba un despliegue de fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán; así como respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas, siendo este uno de los anuncios cumplidos, desde 3 de diciembre de 2014, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional asumieron el control de la seguridad en Tierra Caliente y Acapulco, Guerrero y otros 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México.

El esquema de justicia cotidiana planteado por el mandatario federal en que buscaría que “el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad”, tuviera acceso a la justicia. A fin de dar seguimiento a este punto se organizaron foros que derivaron en 20 propuestas, mismas que conformarían un gran acuerdo nacional que al momento se desconoce su seguimiento.

El punto ocho englobaba acciones en materia de derechos humanos: Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, reforma constitucional que ya fue concretada.

Sin embargo, en materia de derechos humanos siguen pendientes  la Ley para prevenir y sancionar tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética y el Reglamento de la Ley General de Víctimas que pondría en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Sobre el combate a la corrupción, el Ejecutivo federal manifestó su apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, los cuales ya fueron aprobados en el Congreso de la Unión, pero siguen pendientes sus legislaciones secundarias que articularían las reformas estructurales en la materia.

Peña Nieto adelantó una legislación para los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal y un esquema de zonas económicas especiales para Chiapas, Guerrero y Oaxaca que abarcarían el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán, pero siguen pendientes.

El pasado 29 de septiembre, en el marco de la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en breve el presidente de la República enviaría el Congreso su propuesta de Zonas Económicas Especial, no obstante el Periodo Ordinario de Sesiones concluye el 15 de diciembre próximo y no existen indicios de que esto pueda ocurrir.