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MÉXICO, DF, 2 de diciembre de 2015.- Hugo Andrés Negrete Lara es hijo de Gabino Negrete Acosta y Guillermina Lara Maldonado, matrimonio acusado de estar involucrado en el caso de trata de menores de edad del albergue infantil Casitas del Sur y ahora son los son los únicos detenidos por el caso.
En entrevista con Quadratín México, Negrete Lara señala que sus padres son los únicos presos por el turbio caso que fue develado en 2008, luego de que los padres de una menor pidieron al albergue les fuera devuelta su hija y la directora Elvira Casco se la negara, ya que de acuerdo con reportes de prensa estaba perdida, lo que llevó al descubrimiento de que había 15 infantes desaparecidos.
Critica que mientras sus padres están presos, Casco sólo pasó dos años en la cárcel y ya está libre, y Jorge Erdely, el fundador de la Iglesia Cristiana Restaurada y que estableció el albergue, ni siquiera pisó la cárcel.
Entre las irregularidades del proceso que se le sigue a sus padres, denuncia que fueron apresados en diciembre de 2014, luego de seis años de ocurrida la desaparición de 11 menores, aunque la orden de aprehensión se giró desde 2011, sin que se le notificara al matrimonio.
Afirma que sus papás nunca huyeron porque no sabían que eran perseguidos ni temían serlo y por ello seguían en su casa e incluso estaban afiliados al Seguro Popular y acudían a consultas médicas al hospital Gea González.
Fueron apresados el 27 de noviembre de 2014 mediante una trampa; primero fueron engañados por un par de agentes que se hicieron pasar como personal médico y que hicieron amistad con ellos.
Un día los citaron en un lugar público y apresaron a Gabino y a Guillermina. Pero remarca que nunca fueron notificados porque de haberlo sido, habrían tenido la oportunidad de solicitar un amparo.
“Si hubieran sido responsables de dos delitos tan graves o se amparan o huyen”.
Acusados de trata de personas y delincuencia organizada, fueron enviados al penal de Tepic, Nayarit, donde además de resultar complicado llegar para Hugo Andrés, son 12 horas de camino, las autoridades del penal les han dificultado hacerles entregar medicina, ya que Guillermina sufre de diabetes y un coágulo cerebral, en tanto que su esposo Gabino tiene problemas cardiacos.
Agrega que aunque los delitos fueron reclasificados y ahora son acusados de asociación delictuosa y le compete a un juzgado de fuero común juzgarlos, siguen presos en el penal federal.
“A la fecha después de 11 meses no los hemos podido trasladar aunque sean delitos del fuero común, están en un penal federal, ese es una de las irregularidades, que no hemos podido trasladarlos. Hace dos meses mi madre casi se nos moría en el penal porque no la atienden medicamente”.
Dice que tuvieron que recurrir a una organización llamada Atención a Víctimas para poder darles su medicamento.
“Hemos metido muchas quejas a través del juzgado segundo de lo penal y hemos sido violentados de nuestros derechos”, expone.
El ingrediente religioso
El albergue era dirigido por Casco y había sido establecido por la Iglesia Cristiana Restaurada, liderada por Jorge Erdely. Entre los principios de la secta estaba no devolver a niños a sus padres si éstos habían abusado de ellos, sin importar que hubiera un mandato legal, asegura Negrete Lara.
Por ello cuando se detonó el escándalo y luego de enterarse de dicha práctica, tanto los padres de Hugo Andrés como él mismo rompieron relaciones con la secta.
“Yo busquè a uno de los líderes y le dije ‘¿cómo es posible si sabìas como estaban las cosas y permitiste que hubiera esta persecución y no ampararas a la gente, que no le avisaras que ahí había delito?’.
“Carlos Loredo [uno de los líderes y de acuerdo con notas periodísticas, administrador del lugar] justificó los actos que había hecho la directora Elvira Casco cuando no son justificables y los que sí fueron responsables y participaron están fuera y los que no sabían, la cocinera y el chofer están adentro”, explica.
Además de Casco y Erdely, quienes están libres, lo mismo ocurre en el caso de Antonio Paniagua, fundador de la Iglesia.
Negrete Lara afirma que sus padres se dedicaban al altruismo desde hacía más de 10 años y por eso cuando supieron de la labor de Casitas del Sur decidieron auxiliar a los niños que llegaban al albergue maltratados por sus padres. Pero ellos no eran quienes dirigían el lugar, su madre era la cocinera y su padre el chofer, reitera.
Altruistas
Negrete Lara recuerda que sus padres no eran los encargados de recibir a los niños de parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que iban a parar ahí en custodia para evitar que siguieran con sus padres, con quienes vivían situaciones de violencia.
“Había mucha necesidad y pocas manos, ocho adultos para servir a 150 niños, desayunos, comidas, maestros y al ver esa necesidad mis padres fueron voluntarios a decir ‘voy a servir a los niños’ y ahí empezó todo”, indica, y recuerda que sirvieron como tres años.
“No sabían cómo lo estaba manejando la directora, no sabían cómo estaba la administración, él era el chofer y ella la cocinera, sólo tenía que ir por medicamentos, llevar a los niños al médico, subir a una casa que está a cinco minutos de ahí porque era para niños y casa para niños y la directora era la que hacía los movimientos, entonces como siempre mis padres veían entrar y salir niños era normal, no podía ser algo extraño”, considera.
“Ahora sabemos que no se quisieron entregar ciertos niños, que fueron los Cuadrilla de los más mencionados juntos con Ilse Michel, esa mala administración repercutió a la gente de abajo, incluyendo a mis padres que no sabían la información del teje y maneje”.
Reconoce que fueron criterios religiosos equivocados los que usaron para decir que querían proteger a los niños y señala que en el caso de los Cuadrilla, los quería recoger la Procuraduría que los había entregado para volvérselos a entregar a sus padres, quienes habían abusado de los niños y por eso la directora no quiso entregarlos.
“Eso sólo lo sabían ella y la abogada, la [demás] gente seguía sirviendo de manera normal”.
Ahora el proceso de Gabino Negrete y Guillermina Lara está en el juzgado 17 del DF pero no los han trasladado para iniciar su defensa.
Hugo Andrés ha enviado quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDHDF), pero el organismo le ha pedido más elementos de prueba para acreditar que le impiden la entrega del medicamento.
Hugo Andrés dice que el proceso está viciado y lo que pide es un proceso justo y demanda priorizar el traslado de sus padres.
“No estamos pidiendo que saquen a delincuentes, estamos pidiendo que los juzguen conforme a derecho, y que no nos estorben legalmente y que se atienda a dos seres humanos como marca la Constitución, que dejen de estar violentando nuestros derechos. Esto viene a cambiar toda tu vida. Ha sido un año de pelea con un sistema que no se hace responsables de sus jueces y magistrados”, concluye.