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MÉXICO, DF, 2 de diciembre de 2015.- El tema de la violencia de género y feminicidios fue el tema que centró la comparecencia del integrante de la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador del Estado de México ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Los cuestionamientos en materia de género respondieron a su función como procurador en el Estado de México, una d las entidades con más altos índices de feminicidio y violencia contra las mujeres, a lo que Gómez Sánchez, señaló que en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia iría a la búsqueda de conducción para los órganos jurisdiccionales en términos generales para la atención de feminicidios.
“Poco a poco se tienen que emitir ejecutorias que vayan marcando con toda puntualidad el tipo de diligencias que tienen que llevarse a cabo respecto de cada uno de los delitos; los que son materia, por supuesto, o eventualmente son materia de violencia de género”, sentenció el compareciente.
Otro de los temas relevantes en los que dio su posicionamiento fue en la pregunta obligada sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el consumo lúdico de marihuana y el debate que se desarrolla en el Congreso de la Unión, a lo que señaló que México está sujeto a Tratados Internacionales que prohíben su regulación.
“Estimo que se hace una referencia superficial a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de la que México es parte, la cual prescribe que cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, conforme a su derecho interno, por lo que con la permisión de la Primera Sala México tendría que revisar el impacto en el cumplimiento de los citados instrumentos internacionales”, recalcó el compareciente.
Al ser cuestionado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña sobre su posición en torno a casos de fuero miliar y el cumplimiento de las sentencias, punto donde precisó que al tratarse de un delito fuera de las faltas relacionadas con disciplina militar deben ser juzgadas por la justicia ordinaria.
“En términos de nuestra legislación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente puede subsistir el fuero de guerra para las faltas directamente relacionadas con la disciplina militar, por lo que tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar, el fuero tiene que ser el de la justicia ordinaria”, agregó el titular de la Procuraduría mexiquense.
En torno a la citada cercanía de Gómez Sánchez con el Ejecutivo Federal, en reiteradas ocasiones respondió que no existen conflictos de interés en su designación y ante los señalamientos de su participación en los casos de Atenco y Tlatlaya, Jaime Gómez aclaró que en el primer hecho se llevaron a cabo las diligencias pertinentes incluso cuando ya se había cerrado el caso y se procedió a la detención de 29 agentes de la policía estatal.
Sobre el caso Tlatlaya, afirmó que una cosa fue la actuación que tuvieron los elementos militares, en todo caso es materia de la investigación y “otra muy distinta es la actuación y las probables omisiones, insuficiencias o deficiencias que haya tenido personal actuante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”, recalcó el funcionario mexiquense.