
Impulsa MC lactarios en administración pública y órganos desconcentrados
MÉXICO, DF., 2 de diciembre de 2015.- Tras poco más de una hora de análisis, la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por mayoría el decreto de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para facultar que el Congreso de la Unión establezca en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios no puedan incurrir en endeudamientos.
Dicha reforma enviada por el Ejecutivo federal al órgano legislativo, avalada con 26 votos a favor, uno en contra y una abstención, reforma además las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
El diputado de Morena Vidal Llerenas Morales se abstuvo en votación al igual que su correligionario Juan Romero Tenorio, quien votó en contra por desconocer el dictamen dado a conocer apenas unas horas antes por la Mesa Directiva de dicha comisión.
La modificación constitucional en la materia fija los límites y modalidades bajo las cuales dichas órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.
El diputado del PRI David García Portilla dio, en primer momento, su votación en contra de este dictamen, sin embargo, al percatarse de su acción, minutos después pidió a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina Andrea Cruz Blackledge, corregir su voto a favor.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios consigna en su artículo 73 la obligación de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente, en un registro público único, así como un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos.
Además, pretende establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas.