Café para todos/Alberto Carbot

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció hace una semana un amplio debate nacional sobre el consumo de marihuana, que iniciará la tercera semana de enero de 2016 con una serie de foros regionales, ya que, manifestó, “México no debe ser ajeno a un debate que se está llevando a cabo en todo el mundo”.

El responsable de la política interna del país indicó que esta discusión será transparente, y contará con la participación de especialistas, académicos, organizaciones ciudadanas y funcionarios públicos.

Entre otras cosas, se prevé  crear una plataforma digital para informar a la sociedad sobre el debate, realizar 5 foros en distintas zonas del país y finalmente efectuar consultas internacionales a través de las embajadas y consulados.

Según la convocatoria, se incorporarán a la consulta los conocimientos y experiencias de la sociedad y se examinarán las particularidades del fenómeno en diferentes regiones de México, al tiempo que tomará también en cuenta las experiencias internacionales.

“México habrá de definir en los próximos meses con qué política habrá de hacer frente a un fenómeno que afecta diferentes espacios y aspectos en la vida de millones de personas”, afirmó Osorio.

El funcionario señaló que debatir sobre la legalización de la marihuana es un gran reto que exige por lo mismo apertura, visión de largo plazo, transparencia y corresponsabilidad.

El debate tendrá lugar luego de que el 4 de noviembre pasado la Suprema Corte autorizó a 4 personas de una organización civil que promueve el uso de la marihuana, cultivar esa droga para su autoconsumo con fines recreativos.

La resolución detonó de inmediato al menos 2 iniciativas legales en el Senado para legalizar la marihuana, una con fines medicinales, propuesta por una legisladora priísta y otra con fines tanto terapéuticos como recreativos, planteada por una congresista de izquierda, aunque ambas a título personal.

El presidente Peña Nieto -sabedor de que los mexicanos somos en general conservadores, y que cerca del 80 por ciento no simpatiza con la idea de que se venda libremente marihuana en las calles-, anticipó que no coincide “en este momento con la apertura legal” sobre el tema, porque considera que puede abrir espacios e inducir al consumo de otras drogas mucho más dañinas.

“En lo personal, siempre dije, y me sostengo, que para mí no sería deseable, ni estoy en favor de una eventual legalización del consumo de la mariguana, pero esta posición tampoco riñe con la aceptación de abrir un debate, argumentó el primer mandatario.

Sin embargo, diversos sectores apremian al gobierno a abrir un debate amplio para eventualmente regular el consumo y establecer políticas públicas sobre la droga.

La decisión de la Suprema Corte sin duda fue un aval para las organizaciones que promueven la legalización de las drogas como la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), que se benefició del veredicto.

Una encuesta reciente de la firma Parametría señaló que el 77 por ciento de los mexicanos están en contra de la legalización de la marihuana con fines lúdicos, pero el 80 por ciento la apoya con fines terapéuticos.

México no es el primero en tomar la decisión de abrir el debate desde el ámbito gubernamental que pone por primera vez en cuestionamiento el fracaso de varias décadas de prohibicionismo.

Actualmente varios países en Europa, América y algunos estados de la Unión Americana ya aprobaron leyes que permiten el uso personal y medicinal de la marihuana.

La idea de que la lucha contra las drogas debe basarse en la represión y la criminalización, y no en la prevención y la rehabilitación, para muchos resulta absurda pues algunos especialistas que consideran que el tema del consumo de estupefacientes no tiene que ver con cuestiones de seguridad, sino de salud pública.

De acuerdo con los “especialistas”, encerrar a un adicto no resuelve el problema; por el contrario, dicen, “lo agrava”, porque según ellos éste no deja de ser un enfermo con riesgo de convertirse además en un delincuente que delinque con tal de satisfacer su adicción. Aquí entonces habría que preguntarse qué podría hacer en la calle una persona enferma por el consumo, es decir un adicto. Seguramente que delinquiría para obtener drogas.

Otros “expertos” consideran que todo esto repercute además en las cárceles, que se sobresaturan y provocan serios problemas, y todo ello pesa sobre el gasto gubernamental que debería usarse mejor en la rehabilitación de los adictos, así como en campañas para alertar a los jóvenes sobre los peligros de las drogas.

En algunos países que actualmente promueven la regulación de las drogas y su eventual legalización, de manera simplista han admitido que “es mejor dar libertad a los consumidores para que adquieran las drogas, que dejarlos que vayan a lugares clandestinos a conseguirlas sin garantizar que lo que van a consumir sea realmente un producto que pudiera poner en riesgo su vida”.

Para no adelantar vísperas sobre lo que piensan algunos mexicanos, entonces habrá que esperar el resultado de los mencionados foros, para darse una idea de lo que opina la gente a lo largo y ancho del país. Sin embargo, en especial en aquellos estados asolados por el crimen organizado, habría que preguntarse qué seguirá después del debate sobre la legalización de la hierba. ¿Acaso se realizarán foros para debatir también la legalización de drogas duras o el secuestro?

Porque para nuestra mala fortuna, México no tiene la cultura de otros países, especialmente europeos, donde la población tiene la suficiente madurez para consumir las llamadas drogas blandas con responsabilidad.

Es verdad que la prohibición del alcohol en Estados Unidos no terminó con los bebedores, pero cabría preguntarse, si en el caso de legalizar el consumo de mariguana, esto no resultará más nocivo que su combate, en todos los aspectos, de salud, educación, seguridad, e incluso económico.

En 2013 Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar el consumo de marihuana en América Latina, pero hasta la fecha, los resultados no han sido del todo positivos.

En Colombia, el gobierno dio a conocer que prepara un decreto para legalizar el cultivo y la comercialización de marihuana con fines medicinales y científicos.

Canadá decidió también desde hace tiempo legalizar esa droga para uso terapéutico.

En España se avanza también hacia la legalización pues no es ilegal tener drogas, ni sembrarlas, aunque sí intercambiarlas y consumirlas en público.

En México el ex vocero presidencial Rubén Aguilar, dijo que el Congreso de la Unión puede establecer regulaciones para el consumo de la droga y terminar con el actual paradigma punitivo sobre el tema.

El gobierno federal difícilmente podría tomar la decisión de enviar una iniciativa en este sentido, a menos que las encuestas le indiquen que podría gozar de un amplio consenso.

Hasta ahora, fuera del PRD, y de un pequeño sector del PRI, nadie está dispuesto a arriesgar su capital político en aras de esta iniciativa.

El país ha tenido que pagar una costosa factura que se refleja en más de 150 mil muertos, 280 mil desplazados y unos 28 mil desaparecidos, pero que quede claro que no han sido desplazados por las fuerzas federales, sino por los mercaderes de la droga y los capos de toda laya que se disputan el territorio nacional.

¿Se habrán preguntado los defensores de que se legalice la mariguana, a qué se dedicarían los narcotraficantes una vez que el negocio ya no les fuese atractivo, porque ésta podría adquirirse de forma “legal”? Seguramente que no, porque no les interesa lo que ocurra con la población en términos de salud pública ni los millones de adictos “legales” que una vez superada la etapa de “aprendizaje”, incursionarán seguramente en otras drogas duras.

Y ante la incapacidad evidente para hacerle frente a los cárteles de las drogas, luego vendrán otros foros para legalizar la cocaína, la heroína o el crack y una larga lista de etcéteras. Cuando ello ya no sea “negocio”, los desempleados por el narcotráfico legalizado socialmente, enfocarán sus baterías hacia el secuestro o la extorsión.

Y como si fuese un escenario kafkiano, habrá qué imaginarse a corto plazo los foros donde públicamente se debata si -ante el fracaso de las acciones para detener el secuestro o la extorsión-, también éstos deben legalizarse y regularse.

¿Qué sigue? ¿Cuándo o qué momento este país perdió el rumbo, la vergüenza y su capacidad de indignación?