Apoya CNDH un nuevo diseño constitucional en prevención del delito

CANCÚN, QR., Hablar de seguridad, desde la perspectiva de los derechos humanos, no puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que “debemos centrarnos en cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas y propugnar por la implementación del nuevo diseño constitucional en materia de prevención del delito”.

“Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados”, añadió, se informó en un comunicado.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó lo anterior durante la Sesión Conjunta de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde puntualizó que, en este ámbito, las políticas públicas deben fortalecer la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana, así como ser sustentables con base en consensos políticos y sociales, sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos que favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatan la impunidad y corrupción.

“Se debe invertir la pirámide del diseño de la estrategia de seguridad y propugnar por la implementación del nuevo diseño constitucional en materia de prevención del delito, el cual implica un ejercicio real y vinculante de evaluación ciudadana respecto de las políticas públicas de prevención del delito y de las instituciones de seguridad”.

Señaló que la respuesta que como Estado se dé a la violencia debe ir más allá de las acciones meramente reactivas, pues hay que entender y remediar los factores que la generan.

Precisó que una perspectiva basada sólo en la reacción lleva implícito el grave riesgo de avalar acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo que no puede permitirse como sociedad ni como país. Por ello expresó que los grados de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar, la cual demanda acciones responsables y compromisos inmediatos para su atención.

Refirió que México cuenta con un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, reconocido por nuestra Constitución, que busca ser una opción flexible, ágil, cercana a la sociedad y sujeta a menos formalidades que las vías jurisdiccionales tradicionales, para que las personas que han visto violentados sus derechos fundamentales puedan acudir al mismo para que tales violaciones sean subsanadas y los daños que se les causaron, reparados.

González Pérez explicó que para que dichos mecanismos cumplan sus objetivos se requiere, además de que las instancias federales y locales de protección y defensa de los derechos humanos cumplan sus funciones, un compromiso y actuación responsable de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender los requerimientos y solicitudes de información que les hagan los organismos defensores de derechos humanos, así como la aplicación irrestricta y oportuna de la ley para sancionar a los servidores públicos que hayan violado los derechos fundamentales y prevenir que tales hechos se repitan.

Tras señalar que es fundamental la profesionalización de los funcionarios de las instituciones de seguridad y de quienes pertenecen a las instituciones policiales, comentó la urgencia de diseñar mecanismos para el pleno respeto de los derechos de los policías, y recordó que cualquier trabajo debe desarrollarse en condiciones justas y dignas.

El Presidente de la CNDH apuntó que en un contexto de inseguridad como el que vivimos en distintas zonas del país, los derechos humanos deben ser el centro del quehacer institucional de todas las autoridades, especialmente las involucradas en tareas de seguridad ciudadana, teniendo como base y esencia la dignidad humana.

González Pérez reiteró que los pronunciamientos y recomendaciones de la CNDH no descalifican instituciones ni cuestionan la honorabilidad y tradición de las mismas. Dijo que se señalan conductas de servidores públicos que se han apartado de la conducta que les sería debida en el desempeño de sus funciones.