Pide MC considerar propuestas de la sociedad en ley sobre desaparición

MÉXICO, DF, 14 de diciembre de 2015.- Antes que presentar una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, el Estado debe reconocer el problema generalizado de las desapariciones forzadas y considerar todas las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil nacionales, conminó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La bancada de los diputados Ciudadanos se pronuncia por convocar a las organizaciones dedicadas al tema, especialistas y asociaciones de víctimas para contribuir a la construcción de la legislación general en materia de desapariciones forzadas, así como a los organismos internacionales de derechos humanos, con el objetivo de alcanzar una legislación modelo en Latinoamérica.

Dicha legislación general debe ser capaz de contribuir a atajar la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, y no debe ser incompleta como la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo señalado por los legisladores.

Aunque reconocieron algunos aspectos positivos, recogidas en las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de la ONU, expusieron que la propuesta no contempla otras que resultan fundamentales para combatir este problema “generalizado”.

No considera las propuestas de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y las agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Puntualmente, son tres los aspectos de la iniciativa del Ejecutivo que preocupan a la fracción de Movimiento Ciudadano en San Lázaro: 

No se dota de mayor autonomía a las fiscalías especializadas, para que no estén sometidas a los intereses de la Procuraduría General de la República y los Poderes Ejecutivos locales; no incluye como sujetos activos del delito a los integrantes de los cuerpos de seguridad y a los militares, que podrían quedar fuera de la categoría de “servidores públicos”; y el Registro Forense que se contempla debe garantizar la creación de un archivo o banco nacional de datos genéticos y de un instituto nacional de antropología forense autónomo que realice los exámenes periciales pertinentes.

Los diputados encabezados por José Clemente Castañeda Hoeflich, reprueban que funcionarios de primer nivel del Gobierno nieguen de manera sistemática la existencia y la dimensión de este fenómeno. 

Lo más importante para los de Movimiento Ciudadano, en la confección de esta norma, como un elemento central de la agenda de derechos humanos del país, es que debe realizarse con la mayor apertura e inclusión, recogiendo las voces de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, y fundamentalmente, asociaciones de víctimas. 

Desde ahora, exhortan a las dos cámaras del Congreso de la Unión a iniciar un proceso de consulta y participación para la dictaminación de la Ley General en materia de desapariciones forzadas.