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MÉXICO,DF,. 31 de diciembre de 2015.- A inicios de julio de este 2015 el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera puso a temblar a su gabinete.
A poco menos de la mitad de su gestión y luego de los desastrosos resultados de la elección del 7 de junio, en el que el partido que lo postuló, el de la Revolución Democrática (PRD) perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y 10 delegaciones, Mancera dio un golpe de autoridad y anunció que sometería al gabinete a una evaluación.
Era una reacción a los resultados electorales, que contrastaban con el respaldo que la ciudadanía brindó al propio Mancera tres años antes, con más del 60 por ciento de votos, la mayor votación a favor para un candidato a jefe de gobierno.
El 16 de julio Mancera dio a conocer su nuevo gabinete, y aunque en su mayoría eran enroques, destacó que el líder de la corriente perredista Vanguardia Progresista, Héctor Serrano, dejaba la Secretaría de Gobierno para irse a despachar a la de Movilidad.
Serrano fue blanco de acusaciones de parte de Morena durante el proceso electoral, que lo responsabilizó de orquestar agresiones y hacer prácticas fraudulentas contra la oposición.
Algunos militantes del PRD como Agustín Guerrero y Armando Quintero abandonaron las filas del partido al ver la confección de las listas de candidatos del sol azteca, y acusaron al entonces secretario de Gobierno de favorecer a sus candidatos, con el beneplácito de Mancera, afirmaban.
Otro movimiento que llamó la atención fue la salida de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) Rosa Icela Rodríguez, sustituida por el ex consejero jurídico José Ramón Amieva, un hombre de todas las confianzas de Mancera, pero sin la campechanería de su antecesora para acercarse a los beneficiados por los programas sociales capitalinos.
En tanto Rosa Icela Rodríguez se fue a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec); en su caso fue blanco de las sospechas de perredistas quienes la acusaron de apoyar a Morena mediante los programas sociales del GDF, aunque sin pruebas.
Asimismo, el jefe de gobierno reforzó su primera línea con la incorporación de Alejandra Barrales a su gabinete. Quien fuera su rival en la campaña interna del PRD por la candidatura a la jefatura de gobierno en 2012, se incorporó como secretaría de Educación.
Barrales tiene experiencia como legisladora local y federal, así como dirigente local del PRD y no es una neófita en el tema educativo, que impulsó cuando fue presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF durante la V Legislatura.
Mancera refrendó su apoyo en los secretarios de Salud (Sedesa) y de Desarrollo Económico (Sedeco), Armando Ahued y Salomón Chertorivski, respectivamente, a quienes mantuvo en sus cargos.
Chertorivski es uno de los que suena como posible candidato a buscar la candidatura perredista a jefatura de Gobierno en 2018, junto con Barrales.
Mancera, quien ha expresado su interés por buscar por su parte la candidatura a la presidencia de la república, reaccionó de esa manera a la derrota electoral del partido que lo llevó a la jefatura de gobierno, el PRD, el mismo que está interesado a postularlo en 2018, aunque no sea militante perredista.
Caso Narvarte
El 31 de julio un crimen en la colonia Narvarte cimbró a la opinión pública nacional. Cinco personas fueron asesinadas, entre ellas el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, la activista social Nadia Dominique Vera Pérez, así como la colombiana Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Yesenia Atziri Quiroz Alfaro.
El caso, que en las primeras horas pasó casi desapercibido para los medios de comunicación, dio un giro el 1 de agosto en cuanto algunos periodistas expusieron que entre las víctimas estaba el fotógrafo, quien trabajó en Veracruz y supuestamente había sido amenazado por el gobernador de la entidad, Javier Duarte, interrogado por el caso por personal de la Procuraduría de Justicia del DF (PGJDF).
Fue así que inició un manoseo del caso, con filtraciones sobre los perfiles de las víctimas y publicaciones donde se aseguraba que les gustaban las fiestas, o se recalcaba la nacionalidad colombiana de una de las víctimas y se le ligaba con el narcotráfico o se olvidaba que además de Espinosa, de Vera y de Mile, otras dos personas habían sido asesinadas.
Mancera ofreció aclarar el caso, y fruto de las investigaciones fueron detenidos Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas los días 4 y 30 de agosto, y 11 de septiembre, respectivamente.
Empero, aún no se sabe cuál fue el móvil para matar a cinco personas en un departamento e incluso la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) informó el primero de noviembre que investigaba si hubo irregularidades durante su detención, traslado y permanencia ante la autoridad ministerial.
El jefe de gobierno también se comprometió a que cesaran las filtraciones, cosa que ocurrió e incluso el 10 de diciembre se consignó a un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF).
El colgado de la Concordia
El 19 de octubre en el puente de La Concordia, en la delegación Iztapalapa, un hombre apareció colgado y envuelto en vendas. Dos días después, en la misma demarcación, en la Unidad habitacional Ermita Zaragoza fue hallado otro cuerpo, con un mensaje dirigido a Mancera, donde se le alertaba de la supuesta protección de comandantes a reos del Reclusorio Oriente dedicados a la venta de droga.
Mancera se comprometió a dar con los responsables, y como en otras ocasiones, negó que dichas manifestaciones de violencia tuvieran que ver con el crimen organizado, que en todo caso sólo usa al DF de paso, aseguró.
Un discurso que el especialista en seguridad, Edgardo Buscaglia criticó en entrevista con Quadratín, quien dijo que el DF es usado por el crimen organizado como su centro patrimonial.
A causa de los macabros hallazgos, la administración mancerista reforzó la seguridad en la zona con más cámaras de vigilancia y más policías.
Asimismo, la PGJDF ha hecho avances en el caso y reveló la identidad de la persona colgada, y personal de la procuraduría se trasladó al Centro de Reclusión Social 1 de Aquiles Serdán en Chihuahua, para investigar a un reo presuntamente relacionado con el caso.