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MÉXICO, DF., 12 de enero de 2016.- La novela sobre el predio ubicado en Minería 88, en la colonia Escandón, donde rentaba el ex director jurídico de la delegación Miguel Hidalgo, David Razú, aún no concluye.
El expediente 547/2014/OB del condominio construido por Grupo Inmobiliario Derivatan S. A de C.V., que consiste en cinco pisos de departamentos y donde sólo había autorización para la construcción de tres, fue robado.
Se trata del mismo condominio en donde David Razú vivió un tramo del 2015, hasta que una nota periodística publicada en mayo reveló que rentaba en una construcción irregular, y abandonó su departamento.
La delegada por Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que el expediente sobre dicho predio fue robado en noviembre de 2015, es decir, cuando ya había iniciado su administración. Por lo cual levantó un acta administrativa contra un funcionario, de quien reservó su nombre.
Además, se presentó una denuncia penal contra dicho funcionario que en diciembre fue turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual fue ratificada el 7 de enero pasado.
La denuncia no se había hecho pública para no entorpecer la investigación ni alertar al acusado sobre las acciones que se han implementado.
Gálvez también presentó este 12 de enero una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para pedir que el director de obras de la construcción de Minería 88 se le retire su licencia ante la Comisión de Admisión de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, (CADROC).
La construcción de Minería 88 recibió un inició de procedimiento administrativo de verificación desde el 30 de abril de 2014, bajo el mando del entonces delegado Humberto Morgan, quien sustituyó a Víctor Hugo Romo, quien dejó el cargo para convertirse en candidato a diputado local.
En dicho predio había 33 departamentos, uno de los cuales ocupaba el candidato perredista a jefe delegacional, David Razú.
El procedimiento iniciado en abril fue resuelto el 10 de septiembre de 2015 y se ejecutó el 18 del mismo mes y se determinó como clausura total, demolición; multa del cinco por ciento del valor de la construcción no autorizada; multa del cinco por ciento de valor de la superficie del predio y multas de 250 a 350 días por diversas violaciones de parte del director de obras y/o el propietario.
La constructora interpuso juicio de nulidad admitido el 16 de octubre de 2015 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde se concedió la suspensión contra las multas y la demolición, pero no para la clausura, “toda vez que la clausura fue ejecutada con anterioridad a la presentación de demanda de nulidad”, de acuerdo con un documento de la delegación.
El 9 de noviembre de 2015 la delegación Miguel Hidalgo interpuso recurso de reclamación contra la suspensión, pendiente de resolución. El 27 de noviembre la misma delegación contestó la demanda en el juicio de nulidad antes citado, y el 1 de diciembre se le notificó la admisión del recurso de reclamación en contra de la suspensión ya citada.