Piden al Congreso aprobar investigación de marihuana con fines médicos

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2016.- Los padres de familia y expertos en materia de política de drogas, pidieron al Congreso de la Unión abrir la legislación con fines terapéuticos y medicinales a la investigación científica y desarrollo farmacéutico, ya que ello posibilitaría el acceso a los tratamientos a más bajo costo.

De acuerdo con Raúl Elizalde, papá de Grace, primera mexicana en utilizar tratamiento a base de cannabis bajo amparo, el tratamiento de su hija, que se adquiere como un suplemento alimenticio tiene un costo aproximado de 2 mil 500 dólares anuales (46 mil 750 pesos), mientras uno de los más comerciales a la venta en Estados Unidos, usado como paliativo en casos de cáncer, cuesta entre 171 mil y 343 mil pesos.

“Estos precios son muy altos, tenemos que buscar una importación urgente, pero que se vea la investigación nacional y tener una industria nacional, regulada de calidad y a precios más accesibles para todos, está en sus manos hacer estas regulaciones”, resaltó el padre de Grace, una pequeña que hasta antes del tratamiento sufría diariamente hasta 400 crisis severas de epilepsia, mismas que según sus padres se redujeron a más de la mitad.

Al participar en la Mesa “Regulación en relación a su uso medicinal o terapéutico”, como parte de las audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, en el Senado de la República, Martín Mosqueda Ventura, Director de coordinación de Programas de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), apoyó esta postura.

“Desde la salud nos interesa mucho proteger la salud de la población, por eso nos interesa revisar y proponer políticas públicas y acciones basadas en la mejor evidencia científica, pero también nos interesa cuidar la economía de las familias de México”, expuso el funcionario federal.

En este sentido, Mosqueda Ventura, pidió a los legisladores incluir en sus estudios para delinear la alternativa de regulación médica, la farmacoeconomía, pues dijo, es importante evaluar el “out pocket” o la capacidad de una persona de sacar el dinero para comprar cualquier medicamento.

Por último, Aram Barra, director de la fundación espolea, México, organización que trabaja en temas relacionados a derechos humanos en América Latina, destacó que en ninguna de las iniciativas presentadas en el Congreso para regular la marihuana con fines medicinales se permite la producción nacional, lo cual debe considerarse desde la óptica económica y de acceso a los tratamientos.

“Justamente en respuesta a la preocupación sobre los precios sería lamentable que el Congreso de la Unión no permitiera la producción nacional y la farmacéutica de la planta”, expresó el activista.

Finalmente, Barra apuntó que ante la evidencia científica de los beneficios de los cannabinoides, toca al Congreso regular el cultivo de la marihuana con calidad farmacéutica, con sepas controladas para el uso médico, quitar el castigo penal para los médicos que busquen prescribir derivados de la marihuana e impulsar protocolos de investigación.

“Queremos que en México se haga ciencia sobre las aplicaciones del CBD, THC y otros cannabinoides en la salud y toca establecer  un mercado regulado que responda a las necesidades de las familias que buscan acceso a los medicamentos controlados”, concluyó.