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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero de 2016.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal un centro de acopio de residuos peligrosos en Zapopan, Jalisco.
En otra acción, la dependencia aseguró una tonelada y media de residuos peligrosos en Durango, por el manejo inadecuado de dichos materiales.
En el primer operativo, inspectores de la Profepa en Jalisco que visitaron el centro de acopio de residuos peligrosos de razón social Inlubsa S.A. de C.V., detectaron irregularidades en el almacenamiento de los materiales, al exceder el volumen autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de encontrarse éstos fuera del área establecida para su acopio.
Personal de esta Procuraduría en la entidad clausuró de manera total temporal el establecimiento, por el inminente riesgo que pudiera representar para la población y el medio ambiente el exceder la capacidad autorizada, toda vez que no existen las condiciones adecuadas que prevé la ley para su almacenamiento y manejo.
En consecuencia, se colocaron los sellos de clausura en las puertas de acceso, sin impedir el ingreso del personal al establecimiento, ya que el objetivo central es evitar que la empresa reciba más residuos peligrosos.
En una segunda actuación, en atención a una denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR), personal de esta dependencia federal en Durango realizó una visita de inspección a la empresa Distribuidora y Transportadora del Pacífico, S. A. de C. V. (Tiny Pack), donde constató que se llevaba a cabo el manejo inadecuado de residuos peligrosos en su interior.
Durante la inspección en el establecimiento se detectó que dicha compañía se dedica al transporte de paquetería y mensajería; no obstante, se encontraron 102 acumuladores de vehículos automotores con contenido de plomo de diferentes capacidades, los cuales, según el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, son considerados como residuos peligrosos.
Cabe destacar que los acumuladores se pretendían transportar a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, sin contar con la autorización correspondiente para el transporte de residuos peligrosos emitida por la Semarnat.