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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da a conocer el Pronunciamiento sobre la Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, al tiempo que manifiesta su inquietud respecto de la vulneración a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales en centros de reclusión, informó la Comisión a través de un comunicado.
La CNDH ha evidenciado en reiteradas ocasiones la urgencia de atención y cuidado especializado que demanda esta población, debido a sus necesidades específicas, lo que implica el desarrollo de ajustes normativos, de operación e infraestructura encaminados a favorecer el alcance de un mejor nivel de funcionamiento y de disminución de sus limitaciones, evitando con ello condiciones de discriminación, estigma y exclusión.
Lo anterior, en virtud de considerar la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad social e inimputables, quienes requieren de una atención especializada, identificando por ello la necesidad de emitir este Pronunciamiento como parte de las acciones que la CNDH realiza para contribuir a que la observancia de dichos derechos se traduzca en establecimiento de políticas públicas de respeto y trato humano para esa población.
Es importante destacar que el Sistema Penitenciario Nacional registró, a octubre del año próximo pasado, 4 mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país, de los cuales mil 54 fueron declarados inimputables y 3 mil 422 considerados con discapacidad psicosocial.
De acuerdo con los datos obtenidos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014, se advirtieron muchas situaciones que vulneran los derechos de estas personas internas, entre las que destacan maltrato, discriminación, falta de condiciones de estancia digna y de atención especializada, inadecuada clasificación, inexistencia de unidades psiquiátricas específicas e inobservancia de los estándares de especial protección previstos en las normatividades nacional e internacional en materia de derechos humanos.
La violación de los derechos humanos de las personas que viven con discapacidad psicosocial ha motivado la elaboración de instrumentos vinculantes para los Estados Parte de la ONU, con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y el respeto de su dignidad inherente.
En este documento se incluyen criterios señalados en las Reglas Mandela, sobre el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, que de manera puntual precisan la condición de las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental, señalando que éstos deben estar atendidos dentro del sector salud, así como la importancia de que ese sector proporcione el tratamiento psiquiátrico necesario a todos los internos que lo necesiten.
Por ello, este Organismo Nacional destaca, en congruencia con los instrumentos internacionales y normas nacionales, que las personas con discapacidad psicosocial deben ser atendidas por personal de salud en centros especializados, con el fin de evitar se agrave su condición en reclusión.