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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2016.- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, pudo haber sido consentida por elementos del Ejército Mexicano (EM) y de la Policía Federal (PF).
De acuerdo con el informe final Situación de los Derechos Humanos en México, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambas instituciones estarían coludidas con el crimen organizado durante los hechos de los pasados 26 y 27 de septiembre del 2014.
La CIDH recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) urgió las entrevistas con los militares que fueron señalados como partícipes de la desaparición masiva, lo que criticó de manera abierta porque no se logra un avance en estas investigaciones.
“Asimismo, según el GIEI, autoridades de la policía estatal, federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado”, señala en su informe final «Situación de los derechos humanos en México.
“El caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen organizado, ya que según la versión oficial la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes”, se lee en el texto.
La insistencia de la CIDH al Gobierno federal sobre consumar las entrevistas con los integrantes castrenses, se mantiene en el informe, ya que, aseguró el organismo, es de vital importancia para lograr avances y esclarecer el caso.
“Hasta la fecha, el Gobierno mexicano no ha dado su anuencia para que los integrantes del GIEI entrevisten a estos militares, ofreciendo en su lugar la posibilidad de que respondan a preguntas por escrito.
“La CIDH reitera su llamado al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería, tal como ha sido solicitado por dicho Grupo”, aseguró el organismo.
Resaltó que cuentan con el reporte de que algunos de los testigos de este caso fueron víctimas de tortura, ya que las lesiones corporales que presentaban eran evidentes:
“El 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.