Reprueba PRD que Gobierno sea cómplice de violadores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo de 2016.- El diputado Omar Ortega Álvarez acusó al gobierno federal de promover la impunidad al obstaculizar, rechazar y denostar la labor de observadores e informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, por lo que exhortó al Congreso de la Unión, a instituciones autónomas y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para subsanar esa obstinada actitud gubernamental que agravia a la ciudadanía mexicana, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

Señaló que la reciente negativa del gobierno mexicano a la visita del Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Tortura, Juan Méndez, se suma a la de evitar la visita del Relator Especial Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos del mismo organismo, Michel Forst, con pretextos baladís similares.

También se añaden el rechazo gubernamental a las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las campañas de desprestigio del mismo gobierno contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.

Con ello –dijo– el gobierno pretende negar una realidad que es evidente en nuestro país y contra la cual no quiere actuar –la violación sistemática de Derechos Humanos y la agresión constante a quienes se abocan a su protección–, porque desde sus mismas instancias, por ejemplo, se utiliza la tortura y otras violaciones a las garantías más elementales como “método de investigación”.

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en su Informe de 2015 la práctica de la tortura y otros atentados a la integridad de las personas por parte de cuerpos policiacos y carcelarios, así como múltiples agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Lo más grave –agregó– es que como consecuencia de la actitud gubernamental hacia estos informes, observaciones y recomendaciones se suscitan y multiplican en el territorio nacional más violaciones a manos de agentes gubernamentales, como los policías que participan en desapariciones de jóvenes en Veracruz, precisamente porque ven en autoridades estatales y federales una actitud permisiva y cómplice.

Apuntó que el Estado Mexicano, como tal, debe actuar desde otros ámbitos, en el marco de la legalidad y con apoyo de los tratados y organismos internacionales de los que nuestro país es adherente, para motivar un cambio en la actitud gubernamental y evitar con ello el silencio cómplice de la violencia, y que se agrave más la situación nacional.

Recordó que desde febrero pasado se sumó a las organizaciones civiles, con una carta propia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer el estado y la  agenda de la visita oficial de Michel Forst a nuestro país -quien a su vez la pidió desde principios de 2015-, sin  que hasta el momento se haya programado tal visita ni respuesta al documento enviado a la Canciller.

Refirió que tanto la negativa gubernamental a la visita de Michel Forst como a la de Juan Méndez se dan a pesar de que en 2001 el mismo gobierno extendió una invitación permanente a todos los titulares de mandatos especiales de Naciones Unidas.

Ante la cerrazón, autoritarismo y complicidad del gobierno mexicano frente a la evidente y lamentable crisis de Derechos Humanos en territorio nacional, llamó a explorar otras vías –siempre en el marco de la legalidad- para contribuir a que esta situación se revierta y hacer que el respeto a los Derechos Humanos, así como la seguridad e integridad de las personas defensoras, sea una realidad.