Absolución de militares en caso Tlatlaya consolida impunidad: Centro Pro

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo de 2016.- Ante la absolución a seis de los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación de que este evento quede en la impunidad.

De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro), la exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en hechos que fueron señalados como una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.

“El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó.

“La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, señala la organización.

En este sentido, destacó las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.

Recordó que el pasado 2 de julio de 2015 el Centro Pro solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, lo que elude sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

Señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no apoyó a Clara Gómez González en el acceso de la recomendación de este organismo a la Sedena.

“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso.

“La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente.

Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”, se lee en el comunicado.