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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril de 2016.- Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso aprovechar la magnífica oportunidad que representa la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para construir una Constitución Política de vanguardia.
“Una Constitución que respete la pluralidad de pensamiento, el libre desarrollo de la personalidad, el pleno ejercicio de los derechos políticos y, fundamentalmente, que respete la dignidad humana”, sostuvo durante su participación en el Foro “Reforma Electoral de la Ciudad de México, por un marco jurídico electoral de vanguardia”.
Carrasco Daza expuso tres grandes retos para los 100 diputados que a partir de junio, formarán parte de la Asamblea Constituyente: considerar que las mujeres y hombres que se hallen en reclusión preventiva o sujetos a un proceso penal, tengan derecho a emitir su voto; privilegiar el debate de políticas públicas entre candidatos y partidos, durante las campañas, para construir una ciudadanía más participativa; y revisar los métodos de selección de las autoridades electorales administrativas que se encargan de los procesos sancionadores en la Ciudad de México.
El magistrado presidente del TEPJF enfatizó que la Asamblea Constituyente tiene frente a sí la oportunidad histórica de conseguir que la primera Constitución Política de la Ciudad de México sea una creación normativa vanguardista, inserta en la lógica del sistema interamericano de derechos humanos que sea el punto de referencia para el ejercicio de la pluralidad política y el pleno desarrollo de los derechos políticos de sus habitantes.
Constancio Carrasco planteó el voto de las mujeres y los hombres en prisión, recordó que el derecho a la reinserción es un derecho humano consagrado en la Constitución y destacó que la Corte Europea, como otros tribunales comunitarios, han establecido precedentes en los que es posible ejercer los derechos político-electorales, aún con sentencia de condena, con limitaciones menores y atendiendo a los principios de racionalidad, eficacia y proporcionalidad de las sanciones.
Agregó que al ejercer sus derechos políticos a través del voto, la población en reclusión quedaría incorporada en las políticas públicas de los gobernantes. Explicó que el ejercicio de los derechos políticos de los reclusos es condición indispensable para hacer efectiva su reinserción a la sociedad y enfatizó que las mujeres y los hombres en prisión pierden su libertad, pero no su dignidad humana.