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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2016.- La sombra de la polémica Norma 26 para construir viviendas de interés social vuelve a sobrevolar la discusión de la política capitalina.
De entrada, es uno de los temas que serán discutidos en el periodo extraordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), programado para el 5 de mayo; según el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, dicha norma va a desaparecer.
“Revisamos cuáles serían las iniciativas que se presentarían ese día, entre otras, la derogación del artículo 41, la desaparición de la Norma 26, la creación de un programa de corte social de vivienda para trabajadores o de generación de vivienda de interés social”, dijo el pasado 27 de abril.
Pero en tanto llega el momento, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) anunció una prórroga –la tercera en casi tres años– de los trámites de recepción y gestión de solicitudes relacionados con la Norma 26, que se alargarán hasta el 31 de julio, es decir, que mientras se aprueban o no cambios, la dependencia capitalina prefirió dejar los permisos en espera.
La Norma 26 es un tema prioritario para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien este 28 y 29 de abril se dedicó a pedir discutir la ley para que el tema se destrabe políticamente y los trabajadores capitalinos, quienes aportan gran cantidad de recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), puedan aprovecharlos.
En el documento base de discusión de la mesa redactora del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) –del cual Quadratín tiene una copia– y en el que participan organizaciones de vivienda, urbanistas y expertos en el tema, es uno de los más espinosos.
De acuerdo con el documento, abordado en las mesas de Áreas de recuperación urbana, Legislación urbana e instrumentos para el desarrollo urbano, Derecho a la ciudad y en la de Vivienda y acceso al suelo, los consejeros no lograron un consenso en sus posturas sobre el tema de vivienda de interés social, pues para unos es importante su revisión y otros coinciden con el presidente de la ALDF y proponen eliminarla.
“Quienes solicitaron su revisión, señalaron que ésta debe garantizar la creación de vivienda popular dirigida únicamente a los sectores de menores ingresos”, se lee en el documento.
Para controlar la especulación del suelo, se planteó revisar y aplicar la política de suelo con intervención del Estado a fin de garantizar la accesibilidad al suelo a todos los sectores de la población.
Las mesas de Derecho a la ciudad y de Vivienda y acceso al suelo fueron más allá de la revisión de la Norma 26 y expresaron la necesidad de elaborar un programa de gestión y producción social del Hábitat, refiere el documento.
La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, la priísta Dunia Ludlow, afirmó que es falso que por la Norma 26 los trabajadores no puedan acceder a sus créditos en el Infonavit, como se argumentó en la exposición de motivos en una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para dotar de viviendas a trabajadores.
Y aclaró que la Norma no está derogada sino suspendida por la Seduvi y puede reactivarla en cualquier momento.
“Sin embargo, la suspensión responde a la exigencia de una demanda vecinal debido a los abusos por parte de desarrolladores inmobiliarios”, expuso.
Además afirmó que no hay impedimentos para que los trabajadores de la Ciudad de México accedan a los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). “De hecho, durante el periodo enero 2015-febrero 2016 se han ejercido 138 millones de pesos de subsidio”.
También expresó que los precios de la vivienda no se pueden modificar sin tener un estudio serio de impacto en las Finanzas de la Ciudad de México.
“En ese sentido, especialistas advierten que sería irresponsable iniciar el debate de la creación del programa de vivienda propuesto sin conocer el impacto regulatorio y presupuestario del mismo”, alertó.
Pidió un análisis serio de parte de los actores locales, federales, la ALDF, expertos, representantes de organizaciones y del sector privado para hacer una propuesta legislativa sólida que permita a todos los sectores de la sociedad garantizarles su derecho a una vivienda digna.
El jueves 5 de mayo será el Día D para la Norma 26 y se verá si por fin hay cambios, algo que intentó la anterior legislatura al final de su encargo, y no lo logró ante la presión de grupos sociales que se oponían al proyecto.