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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de junio de 2016.- Con el objetivo de dialogar sobre los alcances y retos de la política pública sobre el Derecho a la Alimentación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convocó a un conversatorio con autoridades, Organismos Internacionales y con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con trabajo en la materia.
Se informó en un comunicado que presentó también el Informe Especial El derecho a la alimentación en el Distrito Federal (Parte II), orientaciones de política pública con enfoque de derechos humanos, a través de la exposición de propuestas y reflexiones sobre los alcances y retos para la implementación de un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutrición para la Ciudad de México.
En la mesa Alcances y retos en materia de armonización legislativa y organización institucional para la garantía del Derecho a la Alimentación –moderada por Federico Vera, Subdirector para la Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF–, funcionarios y representantes de la Sociedad Civil deliberaron sobre las oportunidades para que la reforma legislativa y la próxima redacción de la Constitución de la Ciudad de México consideren un sistema para el seguimiento y la evaluación de la política alimentaria.
Al identificar el problema de la práctica de la lactancia materna en la Ciudad, la directora de Agendas en Derechos Humanos de la CDHDF, Rocío Quintana, en la mesa Alcances y retos de la política pública en materia de salud nutricional y lactancia en la Ciudad de México, exhortó a la generación de estrategias para superar las prácticas que dificultan la lactancia, como horarios de trabajo, ingresos y prestaciones de maternidad y adecuación de lactarios.
Nancy Carmona, del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF, en la mesa Alcances y retos de la política pública en materia de desarrollo rural y pequeños productores en la Ciudad de México, señaló que las autoridades en este rubro deben ajustar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable 2013-2018, para que contemple políticas públicas que atiendan las estrategias de desarrollo agrícola definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es decir: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, organización rural, educación y extensión agrícola.