Pondrá Peña en marcha NSJPA este viernes casi a medianoche

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2016.- Al cumplirse el plazo constitucional este 18 de junio para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), casi a la medianoche de este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la puesta en marcha del flamante modelo que protege los derechos de las víctimas, la presunción de inocencia y transforma y fortalece las instituciones para que sean más eficientes y transparentes.

Será en la explanada del Altar a la Patria, ubicada en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, donde el Mandatario federal encabece la implementación de la Reforma Penal, considerada como la más profunda transformación que se ha hecho en materia de justicia en cien años de historia nacional.

Ello, debido a que transforma las leyes y con ello las funciones de quienes tienen la responsabilidad de procurar e impartir justicia. “Es un cambio tan radical, que las autoridades deberán modificar desde su forma de pensar hasta su manera de actuar, para estar a la altura de las nuevas exigencias de la sociedad”, subraya la Presidencia de la República.

Los dos cambios que el Gobierno federal considera más importantes al sistema de justicia son: todas las audiencias y el propio juicio serán orales y a la vista de todas las personas interesadas, es decir, públicos y, la posibilidad que en los casos de delitos menores donde el daño es reparable, la persona víctima y la persona imputada puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema a través de lo que se conoce como justicia alternativa.

Ahora, con el NSJPA todas las personas imputadas de algún delito serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En todos los casos, la investigación que lleven a cabo las autoridades correspondientes y la sentencia que dicte el juez serán los elementos que determinen la culpabilidad o no de una persona. Los tribunales mediáticos están descartados.

El Estado tendrá la obligación de asignar un asesor jurídico que acompañe a las víctimas durante todo el proceso. A su vez, contará con las herramientas necesarias para salvaguardar sus intereses.

Las audiencias del proceso judicial serán públicas; las etapas del juicio estarán sujetas a los principios de la transparencia, lo que garantiza los derechos de las víctimas y de las personas imputadas de algún delito.

El juez estará obligado a presidir la totalidad de las audiencias, propiciando un conocimiento mucho más profundo del caso y sus protagonistas, haciéndose de los elementos necesarios para dictar una sentencia justa y equilibrada.

Las Unidades de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio serán entidades multidisciplinarias –compuestas por sociólogos, psicólogos, etcétera– que estudiarán el entorno psicosocial de las personas imputadas de algún delito, para determinar la idoneidad o no de ser sujetas a prisión preventiva. Dichos estudios son valorados por el juez que, en última instancia, determinará la medida a adoptar.

Sólo el secuestro, violación y narcotráfico serán delitos que ameriten, por su gravedad, la prisión preventiva obligatoria.

Como parte de una justicia alternativa, se buscará, antes que la prisión, la pronta reparación integral del daño ocasionado a las víctimas; un facilitador guiará la misma.

Los mecanismos que permitirán la justicia alternativa serán aplicables si la víctima está de acuerdo en establecer el diálogo con la persona imputada; que se trate de un primo delincuente o de delitos de bajo impacto o no graves.

Los abogados defensores deberán ser, sin excepción, personas tituladas y aptas para el ejercicio del Derecho. En caso de que el juez detecte deficiencias en su desempeño, podrá remover al defensor.