Clausura Profepa en Tulum obras por afectar duna y matorral costero

TULUM, Qroo., 17 de junio de 2016.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras de construcción de un Restaurante en un predio de la Carretera Tulúm-Boca Paila, Quintana Roo, debido a la remoción de vegetación sin autorización de Impacto Ambiental expedida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En atención a una denuncia ciudadana, según un comunicado, personal de la Oficina Regional de la Profepa en la Bahía de Akumal, llevó a cabo visita de inspección en dicho predio donde se observó la remoción de vegetación y suelo (arena de playa) en una superficie de mil 779 metros cuadrados, lo que afectó duna y matorral costero.

La duna y el matorral costero son dos ecosistemas de transición playa-tierra, donde se encuentran especies como la uva de mar, margarita de playa, lirio de playa y la palma chit, esta última enlistada en la Norma de Protección de Especies NOM-059-SEMARNAT-2010.

La constructora Desarrollos Inmobiliarios Residenciales, no presentó autorización en materia de impacto ambiental.

Los daños ecológicos cuantificados son severos debido a los impactos ocasionados, los cuales se agravan en la Zona Federal Marítimo Terrestre adyacente a dicho predio.

Se cuantificaron nueve nidos de tortuga Carey, especie enlistada en peligro de extinción en la Norma antes mencionada, y cuya afectación pone en riesgo la especie, debido a que en plena temporada de anidación de tortugas marinas se removió arena de playa a profundidades mayores a un metro.

Cabe destacar que los ecosistemas afectados y las especies enlistadas son parte de la biosfera que cubren una franja fronteriza entre el mar y el continente y protegen a la región de embates naturales como los huracanes, y son refugio de especies de fauna silvestre que deben ser protegidas debido a que en los últimos años su hábitat natural ha sido transformado y reducido.

Las afectaciones causadas pueden ser sancionadas hasta con 50 mil salarios mínimos de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se llevará a cabo la denuncia penal correspondiente cuyos responsables podrían alcanzar penas hasta de nueve años de prisión y multas de tres mil días de salario mínimo de acuerdo al artículo 420 del Código Penal federal, además de implementar las medidas de mitigación y restauración que imponga la propia Procuraduría.