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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2016.- Senadores de izquierda reprobaron los operativos policiales que implementa el gobierno federal para detener a dirigentes del magisterio y blindar las plazas públicas de protestas, como la se registró en el Zócalo capitalino, al tiempo de calificar como un exceso de «gobiernos represores».
Los senadores Mario Delgado y el michoacano Raúl Morón coincidieron en que los cercos a los maestros de la CNTE han sido desproporcionados, por lo que invitó a sus compañeros a intervenir para propiciar el diálogo ante el aumento de protestas.
“También exhorto al Gobierno de Michoacán para que se comporte como un gobierno de izquierda y que no funcione como el brazo ejecutor de la barbarie en que está metiendo al país el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo Morón.
Mediante un comunicado de prensa, se dio a conocer que los arrestos de integrantes de la disidencia magisterial y del exlíder la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, siguen por la ruta de la violencia de Estado en contra de la sociedad, situación que no ayudan a buscar una salida al embrollo en que se metió el Gobierno federal con la reforma educativa.
“Se debe dejar inmediatamente en libertad a todos los detenidos, pues no se puede generar una situación democrática ni de condiciones para resolver los problemas con presos políticos ni reprimiendo de esa manera al magisterio”, expresó el michoacano.
A su vez, Delgado Carrillo expuso que limitar el acceso de los maestros al Zócalo con miles de policías fue excesivo «y corresponde a gobiernos represores, pues coarta el derecho al libre tránsito».
En ese sentido, el presidente de la Comisión del Distrito Federal recordó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que el Zócalo de la Ciudad de México no es del gobierno capitalino ni del Federal, pues se trata de la plaza pública de la Nación y como tal debe permitirse que la ocupen los mexicanos.
“No existe ninguna justificación para la restricción de los derechos de los maestros. La medida adoptada por el gobierno de la Ciudad es arbitraria y desproporcionada, por restringir sin justificación alguna el derecho de acceso a cualquier persona y es desproporcionada porque el cerco policial afecta no solo el derecho a la manifestación sino el derecho al espacio público de todos los capitalinos”, dijo.