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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio de 2016.- Al refrendar toda su solidaridad con el movimiento magisterial democrático, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda manifestó su más enérgica condena a los actos de violencia que se suscitaron en Oaxaca y que hasta el momento dejaron un saldo de seis muertos y un sin número de heridos y lesionados, informó el Grupo Parlamentario del PRD.
Pidió una investigación a fondo de los hechos para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables de este lamentable hecho, así como la renuncia o destitución del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, quien le apostó a aquello de que la “educación sólo entra con sangre” y se cerró a cualquier posibilidad de diálogo y negociación.
De igual forma, debe investigarse el gobierno de Oaxaca, el cual está obligado a dar cuentas, pues está trabajando en coordinación con la Policía Federal Preventiva.
Asimismo, consideró necesario que comparezca el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no sólo por ser el principal encargado de garantizar la gobernabilidad en todo el país, sino porque es el directamente responsable de la Policía Federal Preventiva.
Reiteró su llamado al gobierno federal a establecer una mesa de diálogo y negociación con los profesores del movimiento magisterial y se proceda a la liberación de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) detenidos hace unos días.
El legislador perredista sostuvo que no es menor que la comunidad internacional este preguntándose sobre las violaciones a las libertades políticas de los integrantes de la CNTE; mientras el secretario de Educación se conduce con sus aires autoritarios, cerrándose a toda posibilidad de diálogo.
Expuso que “este no es un tema de vencidas o soberbia de quién gana y quién pierde, es un tema de buscar el mejor resultado administrativa, educativa y políticamente hablando, y no apostarle a la muerte y el despido de profesores para darle solución al conflicto”.
Comentó que ante la intolerancia del secretario de Educación Pública, es necesaria la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación para abrir una mesa de negociación y diálogo con los integrantes de la CNTE, para darle un cauce pacífico a esta grave situación.
Declaró que como una muestra de voluntad política de retomar este asunto por la vía pacífica, deberían ser puestos en libertad Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ricardez, Secretario General y Secretario de Organización de la Sección XXII de la CNTE, respectivamente, así como detener las detenciones arbitrarias en contra de los demás dirigentes del magisterio.
Aseveró que con los actos de represión, México está regresando en la historia y volviendo a la peor época de represión y persecución en contra de quienes de manera legítima se oponen a la imposición de la mal llamada reforma educativa.
Mencionó que el gobierno está utilizando las mismas tretas de antaño, decir que había gente armada y por eso repelieron la agresión también con armas; “tal parece que el fantasma de Díaz Ordaz ronda las oficinas de la SEP y Gobernación”, indicó.
Recordó que en todo momento el magisterio democrático ha planteado un diálogo abierto y de frente con el gobierno peñista y ha insistido en el camino de la negociación para resolver el conflicto.
Sin embargo, señaló, la intolerancia y la cerrazón que han mostrado los funcionarios del Gobierno Federal que todos los días arremeten contra el magisterio, orillaron a los profesores a tomar medidas desesperadas como la toma de carreteras para hacerse escuchar por las autoridades.
El diputado Alejandro Ojeda comentó que desafortunadamente esa cerrazón derivó en los hechos violentos que ya dejaron un saldo rojo que pone en entredicho la capacidad del gobierno de Enroque Peña Nieto para abrir espacios de diálogo ante una movilización masiva que menospreciaron y no quisieron escuchar.
Respecto de esta reforma, dijo que no resuelve el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la mala calidad de la enseñanza; lo que busca es reducir a los maestros a la indefensión laboral y transfiere a los padres el costo de la educación, cuando menos el mantenimiento de los planteles escolares.
De esta manera, crean las condiciones para que el gobierno incumpla y desatienda su obligación de garantizar educación libre y gratuita para todos.
Demandó también frenar la campaña de desprestigio contra los profesores implementado desde los sectores más oscuros de la derecha para hacer pensar a la sociedad que los profesores no dan clases, que gozan de muchas canonjías y que sus protestas perjudican a niños, jóvenes y a la población en general.
Expresó que los principales responsables de la tragedia nacional y del atraso educativo son aquellos que con las políticas neoliberales no sólo han precarizado la situación de los maestros y a la propia educación, sino que están generando las condiciones para hacer de la enseñanza y del aprendizaje un negocio privado.