Alerta Omar Ortega a ciudadanos ante lucha contra corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2016.- El mensaje presidencial del día de ayer en el que señalaba que el gobierno federal había escuchado las voces que argumentaban que la Ley de Responsabilidades Administrativas o #Ley3de3, era una medida excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), llega varios meses después, declaró el diputado perredista Omar Ortega Álvarez.

El legislador dijo que la ciudadanía no podía olvidar que fue el partido del Presidente el que retrasó la discusión de las leyes del SNA, el que junto a su partido satélite -el PVEM- más se opuso a la transparencia y la anticorrupción, y el que ahora, después de un fracaso electoral, parece, a través de su más alto representante, redimirse.

En realidad –dijo-, el gobierno quiere responder al reclamo ciudadano “paren de robar” con la invitación “pasen a robar” hecha a cierta clase de empresarios o pseudo empresarios a través de la anulación del artículo que obligaría a éstos a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Eso y no otra cosa es el hecho de que haya mantenido en la indefinición, desde el principio y con sus partidos aliados en el Congreso, la obligatoriedad de los funcionarios públicos de presentar y transparentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses mientras por otra parte incluía a niveles literalmente ridículos e inviables la obligación de las empresas a hacerlo.

La obligatoriedad a presentar y transparentar las declaraciones de los funcionarios públicos –recordó Ortega- no quedó claramente especificada en el artículo 29 de la Ley de los Servidores Públicos, pero sí la de las empresas en el artículo 32.

Ante las protestas del empresariado por esta jugada en la que literalmente se le pretendía exhibir como corruptor de un gobierno corruptible, el gobierno y sus aliados hacen como que los escuchan, anuncian que modificarán el artículo 32 e invitan así cierta clase de seudo empresarios a continuar con el saqueo de los recursos nacionales a través de contratos irregulares.

Ortega Álvarez destacó que las observaciones o veto del Ejecutivo no incluyen propuesta de modificación al artículo 29 y por lo tanto no queda establecida plenamente la publicidad de la evolución patrimonial de los servidores públicos ni de sus declaraciones de intereses y fiscal.

Recordó que el GPPRD había sido enfático en la necesidad de precisar los mecanismos de inscripción de información ante el sistema de evolución patrimonial y de declaraciones de intereses y fiscal.

Se pedía incluir los montos de ingresos y sus fuentes, así como el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles; el valor de inversiones que se posean y su naturaleza, así como todos los datos necesarios para su identificación plena; los saldos de cuentas bancarias; los derechos derivados de fideicomisos; los créditos, deudas, hipotecas o préstamos; los convenios o contratos referentes a servicios, uso, disfrute y usufructo de bienes, entre otras cosas.

Apuntó que, si el gobierno y sus aliados realmente quisieran combatir la corrupción, en el extremo lo harían incluso sin necesidad del SNA.

Sin embargo, está claro que no entienden el reclamo de la ciudadanía y se empecinan en continuar por la misma ruta realizando jugadas de distracción, como la aprobación de un artículo 32 inaplicable, jugada en la que, sin embargo, se desnudaron tal cual son en un lamentable espectáculo.

Convocó a la ciudadanía en general, y a los verdaderos empresarios, en particular, a estar atentos a las especificidades de los cambios que propondrá el Ejecutivo Federal al artículo 32 y a otros 15 más de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para, al menos, no ser víctimas de otro engaño y otra burla mientras continúa la malversación de recursos.

Llamó la atención sobre el hecho de que, mientras el gobierno y sus aliados siguen con sus jugadas de distracción, en los medios de comunicación se ventilan nuevos casos de conflicto de interés, como los de Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, -el mismo que inventó la “verdad histórica” sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa-, cuyos familiares obtienen contratos multimillonarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del mismo gobierno federal al que sirve.