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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2016.- La fracción del PAN en el Senado de la República anunció que presentará ante la Comisión Permanente una solicitud al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga en el proceso de transición del gobierno de Veracruz.
En conferencia de prensa, los senadores Mariana Gómez del Campo y Fernando Yunes urgieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para que agilice los trabajos de investigación y así fincar la responsabilidad sobre un presunto desvió de recursos públicos que detectó la Auditoria Superior de la Federación (AF) por más de 50 mil millones de pesos.
Los senadores del albiazul afirmaron que el gobernador Javier Duarte busca quedar impune de las irregularidades en su administración a través de diversas disposiciones constitucionales que planea que se aprueben en la sesión de este miércoles en el Congreso local.
Entre las estrategias que busca implementar Duarte, advirtieron los legisladores, es asegurar a un fiscal anticorrupción que sería inamovible durante los próximos cinco años, “el nombramiento de tres magistrados asignados a la sala especializada de combate a la corrupción también inamovibles por un periodo de diez años, entre otras”.
“Javier Duarte pretende nombrar a un fiscal anticorrupción, inamovible por cinco años; nombrar a tres magistrados de una sala especializada para combatir la corrupción, a partir de una sola terna propuesta por él; quiere la permanencia del actual Contralor del estado”, dijo Gómez del Campo.
Yunes recordó que el gobernador Duarte mantiene denuncias penales interpuestas por la ASF, por el desvío de aproximadamente 50 mil millones de pesos, así por varios políticos en la entidad.
“Calculamos que, con las cuentas públicas restantes, eso podría llegar a 75 mil millones de pesos desviados; éste es el presupuesto de muchísimos estados de la República juntos”, explicó.
El gobernador electo Miguel Angel Yunes (PAN-PRD) tomará protesta el próximo primero de diciembre, es decir, dentro de cinco meses, ya que la pasada reforma política, aprobada por el Congreso de la Unión, omitió cambiar las fechas de toma de protesta en las diversas entidades del país.