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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio de 2016.- La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el proceso electoral del presente año, de manera específica en Veracruz.
Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron este llamado a la PRG, dependencia a cargo de Arely Gómez, ya que el 3 de mayo se dio a conocer un audio en el que el diputado local de aquella entidad, Raúl Zarrabal Ferat, sostiene una conversación con el delegado federal del programa Prospera, Alejandro lván Baquedano Sánchez.
En esta cinta, al parecer obtenida de manera ilegal, se “acuerdan condicionar la entrega de apoyos del programa federal a cambio del voto en diversos distritos” de la entidad.
En este sentido, el documento aprobado tato por diputados y senadores, busca que la Fepade investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por el exdelegado federal del programa Prospera en la entidad, en beneficio del candidato a la gubernatura de la “Alianza para Mejorar Veracruz”.
El documento expresa que le uso de “un programa de tal envergadura e importancia social como Prospera, en beneficio de un candidato, viola los principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad que deben regir todo proceso electoral”.
“Los servidores públicos de todos los niveles de gobierno están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, afirmaron los legisladores.
Resaltaron que la Ley General en materia de Delitos Electorales, establece una pena de 260 a 520 días multa y prisión de dos años siete meses a once años ocho meses, para el servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales de naturaleza social, a la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición.
Este programa opera a nivel nacional por medio de sus 32 delegaciones estatales y sus 232 unidades de atención regional, cuenta con una coordinación nacional, que funge como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y que tiene como objetivo principal garantizar la acción conjunta y complementaria del programa.