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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2016.- La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, criticó la discrecionalidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para aplicar medidas ambientales contra la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del valle de México.
“¿Qué queremos como una política pública integral en materia de derechos humanos? Que se nos diga cuáles son los riesgos de vivir en la ciudad. Que se sepa cuál es la calidad del aire. Que se sepa por qué movieron los índices de Imeca, porque antes eran 300, luego 150 o por qué ahora se pide 100. Se requiere transparencia, las personas tienen derecho a saber los riesgos de vivir en la Ciudad”, dijo a medios de comunicación, luego de presentar la recomendación 7/2016.
Explicó que si bien hay medidas que se toman por cuestiones de salud, deben ser explicados y además las autoridades federales como locales deben estar coordinadas.
“Las medidas administrativas que generan, bien que mal, un acto de molestia, deben de estar justificados por un derecho a la salud, al medio ambiente integral. No se vale ni la discrecionalidad ni de que por falta de coordinación quien siga pagando sean los habitantes de la Ciudad.
“En ese sentido alertamos y se logró esta prórroga, pero no acaba ahí; sí tiene que haber ya una política clara, transparente, con mucha información para las personas sobre por qué se están tomando qué medidas, y que esas medidas vayan más allá de tránsito de vehículos”, añadió.
Consideró que en los estados que componen la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se conjuntan competencias diversas, y no todos le entraron parejo durante la etapa de contingencia ambiental, entre el 5 de abril y el 30 de junio pasados.
“Toda la parte de la megalópolis es toda una serie de concurrencias y de competencias. Están otros estados de la República que no hacían verificaciones a sus vehículos, está el tema geográfico, incluso de cómo llegan o no las calidades de aire, pero son situaciones que, no nos sorprendamos, va a estar como una constante”, pronosticó.
Un caso de falta de coordinación entre autoridades federales y locales es el de los verificentros, ejemplificó, y quienes salieron perjudicados fueron los automovilistas, por lo que la comisión pidió en la capital que se ampliara el plazo para las verificaciones de quienes tenían calcomanía amarilla.
“¿Qué nos preocupaba? La afectación a la seguridad jurídica de los que tenían que verificar sus vehículos. Nadie está obligado a lo imposible y de los 67 Verificentros sólo cuatro estaban dando el servicio. ¿Qué se logró este día lunes? Una publicación de la Secretaría del Medio Ambiente dando una prórroga de 15 días. No podía ser de otra manera. Hubiera sido una violación al derecho humano a la seguridad jurídica”, dijo.
“Pero más allá de esto, es qué medidas piensan implementar, en qué tiempos, bajo qué argumentos de salud pública, de interés público y de medio ambiente. La Comisión, insisto, ya envió la información. Nos contestaron de la Megalópolis que será tomada en cuenta y estaremos ahí sumando los aportes”, afirmó.