Expone Chertorivski sobre ética y salud pública en el Vaticano, Roma
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2016.- La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza solicitó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respetar el principio de inocencia y no emitir juicios que criminalicen la disidencia social y pongan en riesgo la integridad física y moral de estudiantes normalistas en Michoacán.
Mediante un punto de acuerdo, se informó en un comunicado, la senadora recordó que el pasado 14 de agosto el gobernador de Michoacán emitió una declaración en el sentido de que se están investigando presuntos nexos entre estudiantes normalistas y delincuentes.
La legisladora del PRD aseguró que una declaración en este sentido genera inquietud pues se está ante posturas gubernamentales que demuestran la incapacidad para conducirse con base en una política pública sustentada en principios de respeto a los derechos procesales, búsqueda del diálogo y concertación política.
«Además se suma a la lista de gobernantes que responden, ante su ausencia de capacidad, con la criminalización de la disidencia y de la protesta social”, indicó.
Mendoza Mendoza advirtió que estas posiciones, en el contexto actual de protestas y movilizaciones del magisterio, sirven de pretexto para reprimir en lugar de atender las causas profundas que las motivan.
«Aunado a ello, las violencias criminal, institucional y estructural, que se viven en el estado de Michoacán, precisan una actuación en extremo responsable de quienes tienen la obligación de preservar la seguridad de los ciudadanos”, mencionó.
Insistió en que es obligación de cualquier autoridad, más aún del titular del Poder Ejecutivo estatal, cumplir con las facultades legales para recabar suficientes elementos para presentar ante autoridad jurisdiccional cualquier indicio de una conducta probablemente constitutiva de delito.
«No podemos dejar de reconocer que, a lo largo y ancho del país, ha habido expresiones radicales y excesos, que hay un clima de confrontación entre el Gobierno federal y los actores magisteriales que se han opuesto, desde el sindicalismo oficial a la reforma educativa”, apuntó.
Por ello, la representante por Michoacán también pidió al gobierno del estado instalar una mesa de diálogo sobre las demandas locales específicas del magisterio michoacano para generar un mecanismo de solución en el marco de la agenda estatal de educación y derechos laborales.
“Consideramos poco afortunadas las declaraciones del señor Gobernador, consideramos que tanto los servidores públicos adscritos al sistema educativo michoacano como los normalistas agrupados en la Organización de Normales Oficiales del estado de Michoacán, deben actuar en pleno respeto a los derechos de terceras personas”, expresó.
Iris Vianey Mendoza se pronunció a favor de que tanto Silvano Aureoles Conejo, como los profesores adscritos al Sistema Educativo en el Estado de Michoacán, cumplan lo establecido en el artículo 1 constitucional de promover, respetar, defender y garantizar los derechos humanos de todas y todos los michoacanos.