Ni más ni menos/Joel Hernández Santiago

Tanhuato o la verdad sospechosa

Poco después de un año de lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un Informe el 18 de agosto en el que determinó que elementos de la Policía Federal “ejecutaron arbitrariamente” a 22 de 42 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el 22 de mayo de 2015, en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán.

En su investigación, puesta en 31 tomos, el organismo afirma que se acreditó violación grave a derechos humanos atribuibles a agentes federales y no graves del personal de la Procuraduría de Michoacán.

El gobierno federal respondió inmediato que fue en legítima defensa: “…a las 8:30 de la mañana del 22 de mayo, al realizar funciones propias de disuasión y en seguimiento a un oficio de investigación, un convoy de la dependencia que circulaba en la carretera Nogales México fue atacado a balazos por los tripulantes de una camioneta marca Toyota blanca”.

Dice que “se repelió la agresión por lo cual se inició una persecución de la camioneta, que concluyó cuando  el vehículo ingresó al “Rancho Del Sol” y se impactó contra un árbol en el interior del predio. Eso dio inicio a un enfrentamiento armado.

“Ante la potencia de fuego de los agresores –según la Policía Federal–, el grupo inicial de 41 agentes  pidió refuerzos, llegando al sitio 54 agentes más con el apoyo de un helicóptero artillado. El saldo fue de 42 presuntos civiles muertos, un policía fallecido, otro lesionado, y tres detenidos.

“En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró tres días después de aquellos hechos, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.

Pero para la CNDH: “La Policía Federal falseó la información de lo ocurrido. Las evidencias recabadas por el organismo  evidenciaron que nunca hubo ninguna persecución de un vehículo blanco ni un ataque previo en la carretera contra los policías, como la versión oficial argumenta. Es más, los hechos no iniciaron a las 8:30 de la mañana sino dos horas antes y en una situación muy distinta.

“Se pudo establecer que entre las 6:00 y 7:00 horas del 22 de mayo, servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al rancho, aseguraron a las personas que estaban en la entrada y luego se llevó a cabo el operativo en el interior, lo que contradice la versión oficial.

“Fotos evidencian que 17 cadáveres estaban descalzos y algunos vestían solo una trusa, lo que permite presumir que estaban dormidos cuando comenzó “el operativo”.

La CNDH señaló que del cruce de evidencias y testimonios, entre ellos del personal de Protección Civil del municipio,  de vecinos y testigos, se establece que todo inició entre las 6 y 7 de la mañana. Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó el helicóptero artillado de la Policía Federal, desde el que se hicieron más de cuatro mil detonaciones.

“No tuvieron oportunidad” señalaron los testimonios recabados. La CNDH  confirmó que por lo menos 22 de ellos perdieron la vida víctimas de abuso de autoridad” y que hubo, por lo menos, cuatro horas para que la Policía Federal borrara evidencias de lo que en realidad ocurrió ahí.

La CNDH emitió una recomendación, que fue aceptada por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien calificó como “radical” el informe de Derechos Humanos en cuanto a ubicar los hechos de Tanhuato como un caso de 22 ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.

“De ser el caso, estaríamos ante 22 homicidios. Es muy radical –dijo– hablar de ejecuciones extra judiciales porque en nuestro país no existe como tipo penal la ejecución extrajudicial y tampoco existe porque en México no existe la pena de muerte». Para el viernes 19 de agosto se corrigió y dijo que en caso de ser, se fincarían responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

El tema es en extremo delicado. La CNDH debe tener elementos suficientes para hacer tales afirmaciones que podrían configurar delitos de homicidio y abuso de los derechos humanos en personas de quienes, sin procedimiento judicial, se ignora su inocencia o culpabilidad por lo que se les señala.

Y pone en un serio aprieto al gobierno federal por los procedimientos que están llevando a cabo para detectar y controlar al crimen organizado y la violencia en el país; una violencia que señala, incluso, a las fuerzas de seguridad del Estado que tienen como tarea la de garantizar la paz y la integridad patrimonial y física de los mexicanos.

Está pendiente el tema de Tanhuato, está pendiente lo de Ayotzinapa y Apatzingán y los hechos que podrían salir a la luz durante y después de este sexenio presidencial y que tienen que ver, también, con gobiernos estatales y municipales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que en México se están violando de forma sistemática estos derechos; hace no mucho hubo dimes y diretes entre el gobierno federal mexicano y la ONU por las mismas razones.

Es cierto: urge que paren ya los hechos de violencia, de crimen, de abuso, de impunidad y corrupción; urge, también, que quienes se encargan de la seguridad pública en todo el país acaten las reglas internacionales de acción y sus protocolos en la lucha en contra de fenómenos criminales o de orden social…

¿Quién se encargará de que esto se cumpla? No se puede ser juez y parte en la revisión de estas acciones contrarias a la seguridad y el cumplimiento de los protocolos. Tanhuato podría ser el ejemplo.