Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Transparencia a juicio

El presidente puede y debe. Es una cuestión de confianza en regímenes democráticos con capacidad de dialogo intenso generado con y desde los parlamentos: o nos apoyamos o nos retiramos. En México, se renueva la confianza electoral o no.

A unas semanas del cuarto Informe Presidencial, los temas de transparencia, rendición de cuentas y credibilidad en las autoridades están sujetas al mayor de los juicios críticos ante los síntomas de disminución en las capacidades de coordinación institucional y de respuesta dinámica a expectativas legitimas de la sociedad.

El mismo día en que las olimpiadas concluyeron, se publicó información diseñada para agregar descrédito a la figura del presidente Enrique Peña Nieto y a la cual la Universidad Panamericana, donde se avaló una tesis con evidencia de plagio, se dijo obligada a responder.

Un día después, el primer mandatario encabezó un encuentro con senadores del PRI quienes protestan porque los delegados de las secretarias del gobierno federal en los estados no atienden sus propias propuestas, teniendo obligación de hacerlo con el conjunto de las sugerencias independientemente del partido.

Las malas noticias y el mal humor registrado y percibido en las plataformas convencionales y en las redes sociales no cesan, aunque son más discretas, ni siquiera dentro del PRI.

Cierto es que el nuevo dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, se ha propuesto transmitir quejas y propuestas directamente, tal como se las han comenzado a comunicar, más allá de la pendiente inquietud por la profundidad que deba darse a la expectativa nacional de sancionar a ex gobernadores de ese partido.

La ley 3de3, a partir de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador quien dijo haber decidido heredar en vida sus bienes y, al evidenciar con ello que el tema de la riqueza personal y la forma de haberla obtenido se puede encubrir con el recurso de la consanguineidad con ello beneficiada, es calificada por el ex presidente Vicente Fox, abierto y exitoso promotor de la primera oleada institucional fundadora de la transparencia mexicana, como “una mamada”.

El aparato institucional para defender la transparencia, encabezado por el INAI, no parece interesado en aprovechar la enorme ventana de oportunidad para generar noticias buenas sobre su materia y tampoco en responder a lo que está obligado a defender o en disminuir el mal humor o el encono respecto al tema de la opacidad real y percibida.

El único principio de orden que se sostiene es el relacionado con el cumplimiento de la ley y el comportamiento consecuente de las autoridades. Es necesario defenderlo.

Sin embardo, ese principio exactamente está sujeto a critica severa ante el debate de que frente a la CNTE el gobierno federal y los organismos defensores de derechos humanos parecen no tener claro de quién son los derechos más importantes y quiénes son las víctimas: ¿los maestros de la coordinadora o los niños de Oaxaca y Chiapas?

Y no hay quien lo aclare de manera exhaustiva y clara desde el gobierno, a juzgar por los impactos y la eficacia de los mensajes que alrededor de la protección del estado de derecho y de la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción deberían estar ya, en capacidad de esclarecer, especialmente después de la reciente promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas en vigor en materia penal y la reforma de 2011 que hace todos los derechos, norma defendible como derechos humanos.

El esfuerzo nacional a favor de la transparencia, impulsado por una multitud de voces individuales de académicos, periodistas, activistas, políticos profesionales y servidores públicos desde la década de los 90 pero especialmente después del 2000, debería, aquí y ahora, ser revisado a la luz de las evidencias empíricas e incluido convincentemente en el próximo informe de gobierno.