Demandas y juicios, riesgos contra ejercicio periodístico: expertos

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2016.- La publicación del libro La Sosa Nostra en 2004, sobre la polémica trayectoria de Gerardo Sosa, quien se convirtió en rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), causó que el autor Alfredo Rivera fuera demandado por el funcionario universitario.

Se trata de un juicio que lleva 12 años y en el que la editorial y hasta el fotógrafo que colaboró fueron demandados. La duración de un juicio por cuestiones de presunto daño moral se han convertido en una forma de obstaculizar la labor periodística, además, de que quitan tiempo y recursos a los periodistas, concluyeron expertos que participaron en el foro Demandas contra periodistas: el uso de leyes contra la libertad de prensa, organizado por El Colegio de México.

Quien explicó el caso de La Sosa Nostra fue la presidenta comisionada de los Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, quien recordó que por ejemplo la reportera Ana Lilia Pérez, autora del libro Camisas azules, manos negras, enfrentó siete demandas, las cuales pudo encarar gracias a que por la ley de transparencia obtuvo copias certificadas de los contratos firmados entre empresas de Juan Camilo Mouriño, en aquellos días secretario particular del entonces presidente, Felipe Calderón, y Pemex.

“Mouriño no pudo hacer nada”, recordó la Ombudsperson.

Gómez Gallardo también criticó que se pueda demandar por difamación de honor y como compensación se pidan millonarias cifras de dinero. “El honor no tiene cuantificación, es una medida de inhibición”, esclareció.

En el foro también participó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, quien dijo que algunas leyes vulneran la libertad de expresión en México y criticó que las de carácter civil den entrada a toda clase de demandas, aunque carezcan de sustento.

“El delito de ultrajes se encuentra en 26 estados, contra el honor en nueve, y las leyes antimemes en seis. Un primer paso para garantizar la libertad de expresión es derogar estos tipos penales en nuestros códigos. Los mecanismos civiles se han convertido en una herramienta de funcionarios públicos para acallar a las voces críticas y disidentes”, señaló.

“Se da entrada a todas las demandas con o sin materia, esto genera un proceso de desgaste de las instituciones y periodistas que en lugar de enfocarse en hacer su trabajo debe enfocarse en defenderlo. Las medidas civiles no sólo impactan en la libertad de expresión por si, sino también en el patrimonio de las y los periodistas”, añadió.

“Primero hay que pagarle a la defensa y en caso de perder pagar la indemnización, por eso el segundo paso es considerar reformas al sistema judicial que contemple la oralidad con audiencias previas dentro de los procesos civiles a fin de que el poder judicial pueda determinar méritos del caso o materia del juicio a inicio del proceso sin esperar a que termine ni generar desgaste innecesario ni afectación del patrimonio de los periodistas”.

También lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún contra los criterios internacionales, haya derogado la falta de un tope para indemnización por daño moral, ya que ello puede acabar con el patrimonio de un periodista demandado.

“Se vuelve necesario que la Corte interrumpa ese precedente para que regrese a los términos originales de la ley de responsabilidad civil para la protección del respeto a la privacidad, el honor y la propia imagen”.

En el foro estuvo presente la presidenta de la organización Periodistas de A Pie, Daniela Pastrana, quien consideró que el sistema jurídico de protección a periodistas y las leyes de transparencia son muy robustas, pero no se cumplen.

“Entonces podemos seguir derogándolas en los seis estados donde están estas leyes antimemes o cosas de infamación, pero si no hay un acompañamiento de la sociedad o si ésta no está o no asume lo que implica, si no sale en defensa de su derecho de tener información de calidad, difícilmente vamos a poder avanzar”, pronosticó.