Exige GPPRD castigo a funcionarios por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2016.- A un día de cumplirse dos años del asesinato de Julio César Mondragón Fontes y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la diputada federal Cristina Gaytán Hernández, exigió que el Estado mexicano continúe con la búsqueda de los jóvenes y castigue a los funcionarios o ex funcionarios que han obstruido la justicia, incluido a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República –sobre quien ya pesa una solicitud de juicio político- y Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, recientemente premiado por el Ejecutivo federal al darle la responsabilidad del área de seguridad pública.

“La aparición de los 43 desaparecidos es una demanda de las familias, pero también de todos los mexicanos. Actualmente, no sabemos cómo van, qué criterios hay, qué avances tienen. Hace algunos días se informó que incluso el FBI iba a estar involucrado haciendo observaciones o acompañando al Estado mexicano, pero no tenemos información de eso como Cámara de Diputados”, denunció la integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) a través de un comunicado.

La diputada que forma parte de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, denunció que hay una serie de recomendaciones plasmadas en los dos informes entregados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las que el Estado mexicano ha dado carpetazo; sin embargo, apuntó que de manera personal, ha dado puntual seguimiento a la reparación del daño a las víctimas, con el objetivo de garantizar que sus derechos se cumplan.

Agregó que ni la Secretaría de Gobernación (Segob) ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han entregado, de manera formal, datos respecto a qué estatus tiene cada una de las víctimas directas e indirectas de los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, aunque de manera personal –y por la relación que ha podido establecer con familiares de los hechos- se sabe que el avance es limitado.

La parlamentaria del Sol Azteca calificó como cuestionable la atención de la CEAV a los familiares de los normalistas y recordó que ha habido señalamientos de revictimización por los trámites burocráticos para acceder a apoyos económicos.

“Hay un constante maltrato por parte de las instituciones; hay señalamientos claros de interferencia de funcionarios y respecto a que los han hecho firmar papeles en blanco, señalarles qué tienen que decir o no, reclamarles, cuando la función de esta comisión a víctimas es, por lo menos, tener un sentido humano de atención, garantizarles y hacer viable todo lo que la Ley de Atención a Víctimas ya contempla”, declaró.