Oran por la paz en el Centro de Chilpancingo
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos será la que decida en el litigio que interpusieron 11 mujeres que sufrieron tortura y violaciones al debido proceso durante los operativos realizados en Texcoco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006 por parte de las policías federal, estatal y municipal.
De acuerdo con la encargada del Área internacional del Centro Pro, Stephanie Erin Brewer, la Corte IDH podría obligar al Estado mexicano a la reparación para evitar que ocurran eventos similares.
De acuerdo con la abogada, 11 mujeres presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un litigio contra el Estado mexicano para denunciar que durante aquel proceso hubo detenciones ilegales y arbitrarias y no les informaron la razón de la detención.
Asimismo, denunciaron violación a su integridad, abuso físico, sicológico y sexual y carecieron de una defensa adecuada.
Además hubo procesos penales injustos por muchos años contra ellas, faltó investigación adecuada y la debida diligencia.
Otro elemento que tomó en cuenta la Comisión durante el litigio que se llevó 8 años, es que al día de hoy no hay condena para nadie en un operativo que contó con 3 mil elementos, solo hay dos procesos contra agentes de mandos menores y ninguno contra mandos medios o superiores, explicó Brewer en conferencia de prensa.
La sentencia contra el Estado mexicano se emitirá en un plazo aproximado de dos años, ya que antes se entregan documentos, se hace una audiencia y luego otra vez se ofrecen documentos sobre el caso por ambas partes, añadió.
En caso de una sentencia en contra, esta es vinculante para el Estado mexicano, sería la octava en su contra y la tercera por violencia sexual, aclaró por su parte el subdirector del Centro Pro, Santiago Aguirre.
La reparación implicaría establecer medidas para la no repetición de esos hechos, indicó Brewer, que recordó que si bien fue la Secretaria de Relaciones Exteriores la que difundió el comunicado sobre que será la Corte la que emitirá una sentencia, el Estado mexicano no pidió investigar el caso ni estaba interesado en él.
En diciembre de 2015 la CIDH adoptó el informe de fondo que contiene conclusiones sobre el caso y que le dio la razón. A las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
Las 11 mujeres participaron en una manifestación de protesta luego de que se realizó un operativo contra pobladores de San Salvador Atenco; en aquel entonces el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, actual presidente de México.
A la conferencia de prensa acudieron algunas de las 11 denunciantes, entre ellas Claudia Hernández y Yolanda Muñoz.