Propone GPPRD modificaciones a Ley de Instituciones de Crédito

CIUDAD DE MÈXICO,. 9 de octubre de 2016.- El diputado federal Waldo Fernández González propuso modificar la Ley de Instituciones de Crédito con el objetivo de que la atribución que actualmente ejercen las entidades federativas -como autoridad fiscal- en materia de impuestos federales coordinados, también aplique a los impuestos estatales o locales, con lo que se fortalecerían sus ingresos.

Mediante un comunicado se informó que de aprobarse la propuesta, las entidades federativas podrían solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones de crédito para garantizar la recuperación de todos los impuestos que se recaudan, y no sólo de los de índole federal.

La excepción al carácter confidencial de la información que permite a la CNBV y a los bancos proporcionar información, se convierte en un mecanismo legal que se justifica en razón del bien mayor que se protege y que consiste en asegurar la obtención de los recursos necesarios para sufragar los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México, de los Estados o de los municipios.

Cabe recordar que dentro de las atribuciones que en materia fiscal tienen -en el ámbito de sus respectivas competencias- tanto la federación como las entidades federativas, está la de recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos que tengan derecho a recibir, tanto de naturaleza federal, como estatal o local, cuya finalidad es la de sufragar los gastos públicos.

Tratándose de la Ciudad de México, se incluyen los impuestos de adquisición de inmuebles, nómina, impuesto predial, espectáculos públicos, loterías, rifas, sorteos y concursos, entre otros.

Sin embargo, para garantizar la recaudación que la hacienda requiere para cubrir los gastos públicos, la autoridad fiscal -haciendo uso de la facultad fiscalizadora- inicia procedimientos de auditoría a contribuyentes que han omitido el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya premisa principal se sustenta, entre otras, en las garantías de seguridad jurídica y legalidad que prevé la Constitución; entre ellas, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, sino mediante juicio ante los tribunales.

El diputado perredista explicó que en ese sentido, las autoridades fiscales federales -ya sea el SAT- o las de las entidades federativas en materia de impuestos federales coordinados, cuentan en sus procedimientos de auditoría, por disposición de la Ley de Instituciones de Crédito, con dos importantes Auxiliares, que son las Instituciones de Crédito y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en proporcionar a la autoridad fiscal -como una excepción al carácter confidencial- la información y documentación relativa a las operaciones que los particulares efectúan ante las instituciones de crédito que debieron servir como bases para determinar sus contribuciones.