Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2016.- Al celebrarse este viernes la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el Gobierno federal reitera el compromiso con la libertad de prensa y la no agresión a los periodistas.
En un evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, se analizará el estado de la libertad de prensa en América, así como se evaluará el panorama de las agresiones contra los periodistas y cómo garantizar su seguridad en el ejercicio de su oficio.
La Presidencia de la República destacó además que México cuenta con una Ley y un Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; y con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y prensa en América. Se fundó en 1926 y está compuesta por un mil 300 publicaciones afiliadas (corresponden a 43 millones de ejemplares diarios en papel).
En el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos de periodistas, el Gobierno de la República refirió la publicación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 25 de junio de 2012. Además, la Secretaría de Gobernación preside su Junta de Gobierno, máxima instancia del Mecanismo.
Tiene un Consejo Consultivo integrado por representantes de la sociedad civil y expertos en derechos humanos.
La Coordinación Ejecutiva está conformada por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, encargada de la recepción de solicitudes de defensores de derechos humanos y periodistas. Y la Unidad de Evaluación de Riesgos, órgano auxiliar técnico que evalúa los riesgos y define las medidas de protección y temporalidad.
Así como la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis que realiza el monitoreo de riesgos, evalúa la eficacia de las Medidas Preventivas y coordina el área de Información del Mecanismo.
Desde 2013 se han realizado acciones con Freedom House para desarrollar herramientas que permitan evaluar los riesgos y aumentar las capacidades de atención y protección.
La Junta de Gobierno ha celebrado convenios de colaboración con 31 entidades federativas para facilitar la cooperación al momento de brindar medidas de protección.