Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Un asesinato contra la confianza esencial

La frecuencia y relevancia de la amenaza concretada contra la sociedad mexicana mediante el asesinato de periodistas, soldados, jueces, autoridades municipales, estudiantes, es peligrosamente creciente.

Se dirige contra el centro de la confianza indispensable para que el conjunto de las operaciones mercantiles, legales, educativas, comunicativas y políticas se realicen de acuerdo a las expectativas esperables para un país de nivel medio como México.

La capacidad de los grupos de interés y del crimen organizado, muchos de ellos relacionados con segmentos del poder político y también con influencia en los medios de difusión, tiene más de una década infligiendo estragos múltiples, constantes, ampliamente extendidos y presentes simultáneamente en al menos un tercio del territorio nacional.

El crimen perpetrado contra el juez federal Antonio Bermúdez, grabado y visibilizado ampliamente, en la entidad de origen del presidente Enrique Peña Nieto, gobernada por el PRI en la persona de Eruviel Ávila, es un desafío cuya novedad no consiste en el asesinato de un personaje del poder judicial que, como ocurrió con el ex procurador de Sinaloa, Rodolfo Álvarez Farber, en el Parque Hundido en 1993 se comete cuando realizaba ejercicio al aire libre y había tratados temas de alto riesgo, sino que es provista por el contexto en que sucede.

Por primera vez la violencia coincide con el deterioro de la imagen pública de las dos principales imágenes de autoridad civil de la sociedad mexicana; con la evidencia, incluso en los datos de origen oficial, de que las políticas públicas de seguridad han carecido del éxito ofrecido en 2012; con la polarización de las opiniones del tipo de proyecto de país que puede tener México con cabezas visibles y creíbles de esta transición; con la mediocridad del crecimiento económico y, paradójicamente, con la continuidad relativa de la inversión extranjera, la existencia de una inflación moderada y el anuncio de nuevas “partes” de la sociedad que desean participar, inclusive desde el disminuido EZLN, e interrumpir una espiral de impunidad y corrupción que ya nadie niega sin serias dificultades argumentativas o deficiencias informativas.

En 2015 la Universidad de las Américas Puebla y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla presentaron un Índice Global de Impunidad (IGI) en que México tenía el segundo lugar en impunidad solamente después de Filipinas en un estudio de 59 naciones. Ninguna autoridad ha desmentido metodológica o institucionalmente esa información y a esa universidad.

En el estudio se precisaba que el sistema de justicia mexicano enfrenta grandes deficiencias: 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. El índice estimaba una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100 mil habitantes; México sólo cuenta con cuatro por cada 100 mil. Este lunes asesinaron a uno.

Se subrayaba, muy significativamente que “la corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas”. Además de que “la corrupción es el resultado de la impunidad”, según afirmación de Ernesto Derbez, rector de aquella universidad quien reconoció que, al menos México si reporta información acerca de la impunidad.

Si la impunidad prevalece en el caso del asesinato del juez Bermúdez, se mantiene en el conjunto del sistema judicial por deficiencias estructurales de las cuales dan muestra los números citados y la población permanece con la percepción de que hace poco sentido denunciar, tanto por la calidad del procesamiento de su demanda de justicia como por el temor de procesar a alguien peligroso.

El daño contra la confianza esencial provocado por el asesinato del juez Bermúdez, carcome esencialmente el pacto social con el que funciona aún la sociedad mexicana y puede ser un nuevo escalón de un espiral de imprevisible consecuencia.

confianzafundada.mx